¡ÚLTIMA HORA!
El año apenas comenzaba y las carreteras dominicanas ya acumulaban decenas de motocicletas destruidas, emergencias saturadas y familias enfrentando pérdidas irreparables.
En menos de cuatro meses de 2026, al menos 213 personas murieron en accidentes de motocicletas en la República Dominicana, según estadísticas del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi).
Aunque el dato corresponde a un corte parcial hasta el 23 de abril, las cifras vuelven a colocar a las motocicletas en el centro de la crisis vial dominicana.
Las muertes asociadas a motocicletas representan ya el 31.4 % de todos los fallecimientos por accidentes de tránsitoregistrados en ese período.
Cada día la escena se repite en distintos puntos del país: una motocicleta tirada sobre el asfalto, familiares desesperados llegando a emergencias y largas filas de curiosos alrededor de un accidente. La tragedia dejó hace tiempo de ser un hecho aislado.
El panorama del año pasado muestra una dimensión todavía más alarmante. Durante los 365 días de 2025 murieron 1,945 personas en accidentes de motocicletas, equivalentes al 65 % de todas las muertes por siniestros de tránsito registradas en la República Dominicana.
En otras palabras: de cada 10 personas fallecidas en accidentes de tránsito, casi siete viajaban en motocicletas.
El promedio mensual superó las 160 muertes, reflejando la magnitud de una crisis que se extiende a hospitales, cementerios y familias de todo el país.
Las estadísticas muestran, además, que los motociclistas mueren 4.7 veces más que los peatones y representan el tipo de usuario vial con mayor nivel de vulnerabilidad.
Las carreteras concentran buena parte de la tragedia. El 44 % de los fallecimientos por accidentes de motocicletas ocurrió en autopistas y carreteras, escenarios donde la velocidad, la oscuridad y la falta de protección convierten cualquier impacto en potencialmente mortal.
El drama no comenzó este año ni el pasado. Entre 2021 y 2025, al menos 9,058 personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas en la República Dominicana, de acuerdo con las estadísticas consolidadas del Opsevi.
El crecimiento del parque vehicular explica parte del fenómeno. Las motocicletas pasaron de 2,874,590 unidades en 2021 a más de 3.8 millones en 2025, consolidándose como el principal medio de transporte del país y multiplicando la exposición al riesgo.
Las víctimas poseen un perfil que se repite con dolorosa frecuencia. La mayoría corresponde a hombres jóvenes.
El grupo entre 18 y 29 años concentra el 36.1 % de los fallecidos en accidentes de motocicletas, mientras que el rango entre 30 y 39 años representa otro 18.6 %.
El 89.9 % de las víctimas mortales corresponde a hombres y el 87.3 % eran conductores al momento del accidente.
Son jóvenes que salen temprano a trabajar como motoconchistas, deliverys, mensajeros, técnicos o empleados informales; mientras otra proporción corresponde a muchachos que desafían la velocidad y realizan piruetas en plena vía, muchas veces sin regresar a casa.
El director médico del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, doctor Juan Luis Rosario Pérez, asegura que ese patrón se repite diariamente en las salas de emergencia del Cibao.
“El grupo de edad que más incidencia tiene está entre los 15 y 35 años”, afirmó el especialista, quien dirige el centro desde 2021.
El médico relató que solamente en un sábado reciente se registraron ocho fallecidos por accidentes de tránsito en la ciudad de La Vega, sin incluir los casos provenientes de zonas rurales o provincias cercanas.
La crisis vialya no solo se mide en estadísticas de fallecidos. También se refleja en hospitales traumatológicos cada vez más saturados.
El doctor Rosario explica que el Hospital Profesor Juan Bosch recibe pacientes desde múltiples provincias del norte y parte del sur del país, debido a que es el único hospital traumatológico y quirúrgico que cubre desde el peaje de la autopista Duarte hasta Dajabón.
“Nos llegan casos de todas partes de la región norte”, explicó el especialista.
Las cifras del centro muestran un comportamiento preocupante.
En 2020 el hospital atendió 2,638 accidentes de tránsito; en 2021 la cifra aumentó a 3,041. Aunque hubo una reducción parcial entre 2022 y 2024, los casos volvieron a incrementarse en 2025 con 2,042 accidentes registrados.
La tendencia continúa en ascenso en 2026. El primer trimestre de este año cerró con 462 casos, superior a los 432 registrados en el mismo período de 2025.
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En hospitales y centros traumatológicos, los accidentes de motocicletas continúan saturando las salas de emergencia, convirtiéndose en una de las mayores presiones para el sistema sanitario dominicano.
Las estadísticas del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora correspondientes al período enero-abril de 2026 reflejan la magnitud del problema.
El centro reportó 12,002 ingresos por emergencia en apenas los primeros meses del año.
Dentro de las principales causas atendidas predominan lesiones altamente vinculadas a accidentes de tránsito y, especialmente, a motocicletas.
Los traumatismos craneales encabezan las atenciones con 1,267 casos, seguidos de 1,113 traumatismos en tobillos y pies, así como 1,086 lesiones en rodillas y piernas.
El hospital también registró 796 traumatismos en muñecas y manos, otros 796 casos relacionados con dorsopatías y 451 traumatismos en hombros y brazos. A esto se agregan 369 traumatismos de tórax, 366 lesiones en caderas y muslos, y 327 casos de traumatismos en codos y antebrazos.
Las cifras reflejan el nivel de violencia física que generan los accidentes de motocicletas, donde muchas víctimas llegan con múltiples fracturas, golpes severos y lesiones incapacitantes.
El doctor aseguró que los traumas más frecuentes que recibe el Hospital Profesor Juan Bosch son trauma craneoencefálico leve, moderado y severo; fracturas de huesos largos como fémur, tibia y húmero; además de traumas abdominales y torácicos.
El especialista advierte que la mayoría de los pacientes accidentados llega tras sufrir accidentes en motocicletas o pasolas, ya sea como conductores o pasajeros.
La combinación de alcohol, imprudencia y falta de casco sigue apareciendo detrás de gran parte de las tragedias.
“El principal motivo de los pacientes que llegan politraumatizadoses el alcohol”, afirmó el doctor Rosario.
Según explicó, los domingos son los días de mayor incidencia de accidentes graves y la mayoría de los lesionados llega bajo los efectos del alcohol y sin casco protector.
“Los fines de semana, de noche, tarde-noche, sin casco y bajo los efectos del alcohol”, resumió el médico al describir el perfil más frecuente de los accidentados.
Uno de los principales factores asociados a la mortalidad es la falta de protección.
El Opsevi identifica el bajo uso del casco protector como una de las causas más recurrentes en las muertes de motociclistas.
El informe señala que el 85 % de los fallecidos no portaba equipamiento adecuado de seguridad. La imagen es cotidiana en calles y avenidas: motociclistas sin casco, pasajeros desprotegidos y niños viajando entre adultos.
La normalización de esa conducta se convirtió en uno de los mayores desafíos para las autoridades.
El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) sostiene que lacrisis vial dominicana no puede explicarse únicamente porimprudencia individual. El informe identificafactores estructurales como falta de regulación efectiva, crecimiento desordenado del parque motociclista, debilidad de laeducación vial y limitaciones deinfraestructura.
También reconoce debilidades en los propios sistemas de información del Estado, debido a que muchas bases de datos no contienen variables completas sobre uso de casco, consumo de alcohol o licencias de conducir.
Para el especialista Juan Luis Rosario, la solución también pasa por la responsabilidad familiar.
“Hemos visto jóvenes de 16 años calibrando motores bajo los efectos del alcohol. ¿Dónde estaban los padres?”, cuestionó el especialista.
El médico insistió en que el Estado tiene responsabilidad, pero también las familias y los propios conductores.
“No podemos decirle a la gente que no use motocicletas, porque es el medio de transporte más económico del país. Pero sí manejar con prudencia y no conducir bajo los efectos del alcohol”, afirmó.
Las autoridades insisten en que el país necesita fortalecer la educación vial, ampliar la fiscalización y endurecer el cumplimiento de las normas de tránsito.
Pero los especialistas advierten que el reto también es cultural. Mientras miles de personascontinúen viendo el casco como opcional y la velocidad como parte natural de la conducción, las cifras seguirán creciendo.
Porque detrás de cada estadística hay una vida truncada. Y en la República Dominicana, la tragedia sobre dos ruedas continúa avanzando demasiado rápido.
La tragedia también tiene un impacto económico devastador para hospitales y familias.
De acuerdo con datos del Hospital Ney Arias Lora, un paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras un accidente de motocicleta puede generar gastos de hasta 400 mil pesos diarios, debido al uso de ventilación mecánica, medicamentos especializados, monitoreo permanente y cirugías de alta complejidad.
Incluso una fractura simple puede representar entre 500 mil y 600 mil pesos entre cirugía, materiales ortopédicos, hospitalización y egreso.
En el Hospital Profesor Juan Bosch los costos también son elevados. El doctor Rosario explicó que un paciente con trauma craneal severo y ventilación mecánica puede costar entre 70 mil y 80 mil pesos diarios en cuidados intensivos.
Cuando no requiere ventilación mecánica, el costo oscila entre 45 mil y 55 mil pesos diarios.
Muchos pacientes permanecen ingresados durante semanas o incluso meses.
“Hemos tenido pacientes que han durado dos meses y medio hasta tres meses en cuidados intensivos”, relató el director médico.
El especialista destacó que el aumento de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) subsidiado ha ayudado parcialmente a cubrir gastos hospitalarios, aunque todavía llegan pacientes extremadamente pobres y sin documentación.
En octubre de 2025, el Congreso Nacional lanzó la campaña “Déjala Ir”, enfocada esencialmente en el depósito de un grupo de proyectos de ley que buscaban reducir los feminicidios en un plazo de diez años.
Sin embargo, a ocho meses de su depósito y en medio de una alarma por los recientes feminicidios, los 13 proyectos legislativos están estancados en el Congreso y atrapados en comisiones que apenas los han tocado para discutir su contenido.
Según el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, las 13 iniciativas congresuales ya vencieron su plazo reglamentario para ser aprobadas y se encuentran bajo el retrasado proceso de la lectura, a más de ocho meses de su presentación.
El pobre avance que registran las iniciativas contra la violencia de género y los feminicidios está sustentado en las pocas veces que las propuestas han sido debatidas. La mayoría de las piezas legislativas solo han sido discutidas en dos reuniones de comisiones, mientras que una sola se ha debatido en apenas cinco encuentros.
Cuando la campaña “Déjala Ir” fue lanzada en el Congreso, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, prometieron que las 13 propuestas serían una prioridad del Poder Legislativo y que, por tanto, serían agilizadas y aprobadas pronto.
No obstante, el tiempo ha transcurrido y las propuestas no han logrado avanzar más allá de la fase de estudio en comisión.
Como respuesta ante la inacción de las comisiones, algunos legisladores proponentes de las iniciativas anunciaron ayer que solicitarán la conformación de una comisión bicameral especializada para dar seguimiento a las iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia, además de promover la declaratoria de los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional.
La propuesta de reforma "Déjala Ir” busca reducir los feminicidios y filicidios en República Dominicana para el año 2030 y erradicarlos completamente al 2035, según consta en el proyecto macro de la Cámara de Diputados.
El grupo de proyecto fue depositado entre septiembre y octubre del 2025 y entre las propuestas se encuentran piezas legislativas para el empoderamiento económico de las mujeres, respuesta táctica ante la violencia de género, prevención de la violencia intrafamilar y la creación de un registro nacional de agresores.
Además, el grupo de reformas contempla la creación de una jurisdicción especializada en violencia de género y la selección de juezas con perspectiva de género. También se busca modificar la ley de niñez, la creación de un sistema de protección por violencia reproductiva, la instalación de casas de acogida en todo el país y el proyecto macro que busca erradicar los feminicidios y los filicidios en diez años.
A pesar de que las iniciativas fueron presentadas como una respuesta urgente a la violencia machista en el país, ninguna ha logrado superar el lento trámite legislativo de las comisiones congresuales.
Ante la actual situación de los feminicidios, dos senadores propusieron iniciativas relacionadas con el tema. El representante de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, depositó ayer la iniciativa "Alerta Mujer", que busca establecer un sistema de respuesta rápida y coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Ministerio de la Mujer y demás organismos de seguridad del Estado.
En la sesión de ayer lunes, el senador Pedro Catrain también presentó un proyecto legislativo para destinar el 10 % de los bienes recaudados mediante la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio para fortalecer políticas de prevención y atención de la violencia contra la mujer.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió ayer que una eventual intervención militar de Estados Unidos provocaría “un baño de sangre y consecuencias incalculables”, al denunciar lo que calificó como “amenazas de agresión militar” por parte de Washington. En un mensaje difundido en la red X, el mandatario aseguró que Cuba “no representa una amenaza” para Estados Unidos y defendió el derecho de la isla a responder ante cualquier acción bélica externa.
Las declaraciones se producen en un momento particularmente delicado para las relaciones bilaterales. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su política hacia La Habana, combinando nuevas sanciones económicas, restricciones energéticas y presiones diplomáticas con un discurso cada vez más agresivo.
La Habana vive una de las semanas de mayor tensión política y diplomática de los últimos años, en medio de una creciente confrontación con Washington que coincide con el agravamiento extremo de la crisis económica y energética en la isla.
En una entrevista difundida por Fox News, Trump afirmó que Cuba es “una nación totalmente fallida” y sugirió que el Gobierno cubano terminará buscando negociar directamente con Washington. Paralelamente, medios estadounidenses revelaron que el Departamento de Justicia estudia una posible acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron cuatro personas.
Aunque Trump evitó confirmar públicamente la investigación, sí reconoció que Estados Unidos tiene “mucho de qué hablar sobre Cuba”. La posibilidad de una acusación contra Castro, de 94 años, sería interpretada en La Habana como una escalada política sin precedentes desde el restablecimiento parcial de relaciones diplomáticas iniciado en 2014.
La tensión aumentó aún más tras la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios cubanos y responsables de inteligencia. Aunque oficialmente el encuentro fue presentado como parte de contactos de seguridad, en sectores políticos y diplomáticos cubanos se interpretó como una señal de presión directa de Washington.
Mientras tanto, la situación interna en Cuba continúa deteriorándose aceleradamente. La isla enfrenta una grave crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero por Estados Unidos.
Las consecuencias comienzan a sentirse en todos los sectores. Universidades suspendieron clases presenciales para ahorrar electricidad y miles de estudiantes dependen de una enseñanza virtual afectada constantemente por cortes de energía.
En paralelo al mensaje de Díaz-Canel, la Defensa Civil comenzó a distribuir entre la población una guía familiar sobre cómo actuar ante una “hipotética agresión militar contra Cuba”.
El documento recomienda preparar mochilas con alimentos no perecederos, mantenerse atentos a alarmas aéreas y seguir protocolos de emergencia.
El manual, titulado “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, ha alimentado la percepción de incertidumbre entre muchos cubanos.
El monto de las transferencias corrientes desde el Gobierno central a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para cubrir su déficit financiero continúa en ascenso. Entre enero y los primeros ocho días de mayo de este año, esas compañías recibieron poco más de 48,000 millones de pesos para esos fines.
Durante el citado período de 2026, el subsidio eléctrico ascendió a 48,412.3 millones de pesos, una cifra que implica un incremento absoluto de 11,088.6 millones en comparación con el monto transferido entre el 1 de enero y el 9 de mayo del año pasado, equivalente a un alza de un 29.7 %.
La magnitud de los recursos consumidos por las distribuidoras de electricidad es casi similar a la gastada por el Gobierno en los primeros tres niveles educativos: inicial, primario y secundario, para los cuales destinó 55,094 millones de pesos entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2026.
En promedio, en los primeros 128 días de este año, las tres compañías públicas: Edeeste, Edenorte y Edesur consumieron, en su conjunto, 378.2 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
La cifra destinada en 2026 a las EDE implica una aceleración en el monto transferido cada día de 88.9 millones de pesos, en comparación con similar lapso del 2025, período en el cual el Gobierno central destinó 37,323.7 millones de pesos, para un promedio diario de 289.3 millones.
Los registros de la Digepres evidencian que, a la primera semana de mayo, los recursos destinados a las distribuidoras para cubrir el subsidio eléctrico representaron el 52.3 % de lo presupuestado por el Gobierno para todo el 2026 para ese propósito. Para este año, se estimaron transferencias a las EDE por 92,475.8 millones de pesos.
Sin embargo, la cifra proyectada por las autoridades en transferencias a las EDE para 2026 pudiera ser superior, tomando como referencia el año anterior, para el cual se presupuestaron 84,996.4 millones de pesos y finalizó el período en 103,867.9 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
En los últimos años la gestión financiera de las empresas distribuidoras de electricidad ha estado marcada por un aumento de las pérdidas, lo que ha provocado un incremento en el monto del subsidio eléctrico. Solo entre enero del 2025 y febrero de este año, los datos más recientes del Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas promedio de las tres compañías estatales aumentó 1.4 puntos porcentuales, al pasar de un 37.4 % a un 38.8 %.
Aunque las autoridades haitianas anunciaron elecciones para el próximo 30 de agosto, cumplir con esa fecha parece improbable. Según fuentes del sistema de Naciones Unidas en Haití, el país todavía no cuenta con un nuevo calendario electoral oficial, aunque se mantiene la expectativa de realizar una primera vuelta antes de finalizar el año.
Haití no celebra elecciones generales desde 2015.
Los últimos comicios presidenciales comenzaron ese año y concluyeron en 2016 con la elección del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, el país atravesó nuevas crisis políticas, el asesinato de Moïse en 2021 y un acelerado deterioro de la seguridad provocado por el avance de las bandas armadas.
“Será complejo por el tema de seguridad en las zonas afectadas por las pandillas”, explicaron fuentes de la ONU en Haití. Advirtieron además que las bandas ya no operan solo en Puerto Príncipe, sino que ampliaron su control territorial hacia departamentos como Artibonito y Centro.
Estas tres zonas concentran alrededor del 54 % del electorado haitiano.
La magnitud de la violencia continúa agravándose. Solo entre enero y marzo de este año se contabilizaron más de 1,600 personas fallecidas en hechos vinculados a la crisis de seguridad.
Mientras tanto, las autoridades de transición, con respaldo de Naciones Unidas, impulsan medidas orientadas a facilitar un eventual retorno a las urnas y reducir el riesgo de un proceso caótico.
Entre las iniciativas en discusión figura establecer requisitos mínimos de afiliación para los partidos políticos.
Por ejemplo, en la actualidad, hay más de 300 organizaciones registradas en Haití. También se plantea revisar cerca de seis aspectos de la Constitución haitiana, incluyendo el alineamiento de los ciclos electorales, la cantidad de representantes por departamento y la relación de poder entre el presidente y el primer ministro.
Desde febrero de 2026 —tras la disolución del Consejo Presidencial de Transición— Alix Didier Fils-Aimé quedó al frente del Poder Ejecutivo haitiano. Sin embargo, la organización de las elecciones corresponde al Consejo Electoral Provisional, organismo encargado de montar los comicios. El primer ministro mantiene la conducción política del proceso de transición.
Este lunes, Fils-Aiméafirmó que se celebrarán elecciones cuando hayan acabado con las bandas armadas.
"Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población. Acabaremos con las bandas. Recuperaremos los territorios. Después, prepararemos el país para la celebración de elecciones. Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste", declaró Fils-Aimé durante una ceremonia pública reseñada por la agencia EFE.
Tras la salida de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), la crisis haitiana continuó deteriorándose y aumentaron las dudas sobre la efectividad de los esfuerzos internacionales de estabilización.
Ahora, la comunidad internacional apuesta por una nueva estructura: la Fuerza de Supresión de Pandillas, una unidad militar y policial internacional autorizada por Naciones Unidas para combatir y desarticular grupos armados en Haití.
La coalición la integrarán hasta 5,550 miembros: 5,000 militares, 500 policías y 50 civiles.
En abril, como parte del nuevo esquema de apoyo internacional, inauguraron la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
A diferencia de la MSS —que dependía de contribuciones voluntarias de distintos países— la nueva fuerza contará con un presupuesto aprobado de 407 millones de dólares, financiado de forma obligatoria por los Estados miembros de la ONU, según explicaron fuentes del organismo internacional. A esto se suma un fideicomiso de 230 millones de dólares, de los cuales ya hay 180 millones disponibles en efectivo.
A inicios de mayo, el canciller Roberto Álvarez formalizó un aporte de 10 millones de dólares al fondo fiduciario de Naciones Unidas destinado a la nueva fuerza internacional.
Las operaciones militares en Haití incluyen el despliegue de efectivos de países como El Salvador, Guatemala, Chad y Mongolia. En esta ocasión no participarán miembros de Kenia.
Mientras tanto, Estados Unidos descartó enviar tropas, aunque mantiene apoyo a otras iniciativas relacionadas con la crisis haitiana.
La veterana bailarina y coreógrafa dominicana Josefina Miniño no contempla el retiro. A sus 85 años sigue inmersa en diversos proyectos y en su pasión mayor: enseñar. “Los años no me apaciguan, al contrario, me dan más brío”, confesó risueña en una entrevista con Diario Libre.
En esta etapa de su vida, luego de dirigir por décadas las principales escuelas de danza y viajar por el mundo llevando nuestros bailes tradicionales, está enfocada en dejar en el talento joven la continuidad de las expresiones nacionales.
Su más reciente apuesta es “Así somos”, una charla-espectáculo que sintetiza su visión del arte como vehículo de identidad. El proyecto se presentará dos veces al año entre pedagogía y escena: mientras ella expone sobre historia, símbolos patrios, costumbres y raíces dominicanas, grupos folclóricos invitados interpretan en vivo los bailes que ilustran ese relato.
“Quiero hablar de quiénes somos como pueblo, de dónde venimos. Y que el público lo vea, lo sienta”.
Miniño busca convertir esta iniciativa en una plataforma para agrupaciones folclóricas que, pese a su talento, muchas veces carecen de visibilidad y escenarios por falta de recursos y apoyo.
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El primer encuentro será el 19 de septiembre en la Sala Manuel Rueda, con la participación del Ballet Folclórico Araujo de San Cristóbal. Luego llegará una segunda función en el Teatro Nacional. Cada edición incluirá un diálogo abierto con los artistas, donde el público podrá interactuar. “Eso también educa. Que la gente entienda el valor del folclore y lo que implica sostenerlo”, dice.
La profesora revela que en el país actualmente hay entre 40 y 50 grupos folclóricos activos. Por eso insiste en que su proyecto “Así somos” sea acogido como se merece.
A esos bailarines diseminados en todo el país tiene el objetivo de brindarles orientación, herramientas y ayudarles a consolidarseprofesionalmente.
Desde el diseño de vestuario hasta la gestión de proyectos, los eventos funcionarán como una especie de mentoría artística. “Que sean respetados, bien pagados, que sepan el valor de lo que hacen es uno de mis sueños todavía”, reconoce.
Aunque colgó las zapatillas, la enseñanza y la pasión por coreografiar sigue firme como el primer día más de 70 años atrás.
Durante esta última década, Miniño desarrolló un programa en el colegio La Hora de Dios, donde enseñó danza y cultura a niñas y jóvenes. Las llevó a escenarios importantes y sembró una visión integral del arte. “Muchas se fueron con un conocimiento que va más allá del baile y hasta dan clases”, recuerda.
“Anduve el mundo mostrando nuestro arte con dignidad. Es de las cosas más hermosas que he hecho”, dice, quien debutó en la televisión dominicana con solo nueve años y nunca se apartó de los escenarios.
La coreógrafa que formó a estrellas de la danza desea que los jóvenes aprendan no solo a bailar, sino a comprender el origen y significado de cada ritmo. Que sepan de dónde viene la mangulina, qué representa el carabiné, por qué los palos y atabales son una expresión transversal en todo el país. “Eso es lo que forma identidad”.
No obstante, lamenta el lugar que ocupa el folclore en la sociedad dominicana.
Miniño no se opone a que los ritmos urbanos sean dominantes, pero considera que no pueden desplazar las raíces. “Que bailen de todo, claro. Pero no podemos dejar de lado lo nuestro. Ahí está nuestra identidad. Un pueblo sin identidad no es pueblo”, sentencia.
“El baile es mi vida. Hasta que yo tenga vida quiero seguir aportando a la danza”, declara Miniño al posar para este medio con los movimientos de la danza clásica.
Reconoce que su cuerpo ya no responde como antes, pero su mente creativa permanece lúcida y activa, y cuenta que continúa coreografiando, con el apoyo de artistas asistentes que le ayudan a materializar sus ideas. La maestra concluye: “nada me llena tanto como crear una coreografía”.
“Hasta que el arte, y dentro de él el folclore, no sea una materia casi obligatoria en las escuelas, no voy a estar conforme. Es la deuda pendiente que tienen conmigo”, concluye.
Uno de los pilares que ha sostenido su vida es la familia. Junto al músico Papa Molina, construyó una historia marcada por el arte y el esfuerzo, recorriendo escenarios mientras criaban a sus hijos, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, José Antonio Molina, y la doctora Evangelina Molina.
“Trabajábamos mucho, a veces nos dividíamos, pero les dimos calidad de tiempo. Estoy orgullosa de ellos”, dice la maestra. Hoy, esa herencia se proyecta en sus nietos y bisnietos y habla con emoción de Camila, su biznieta, quien ya se forma en danza en Estados Unidos. “La veo y me veo a mí. Tiene ese espíritu y comenzó igual que yo, con nueve años”.
También menciona a Evan, interesado en la música, entre otros que exploran más disciplinas. Al mirar atrás, resume su camino en tres principios: formación académica, pasión y disciplina. “La disciplina es la columna vertebral del éxito, pero sin pasión no se logra nada. Hay que entregarse por completo a lo que uno ama”, destaca la defensora del folclore nacional.
En una frontera marcada por el contraste entre crecimiento económico y rezagos históricos, el sacerdote jesuita José Rafael Núñez Mármol, conocido como el padre Chepe, reafirma que el desarrollo del noroeste dominicano pasa, inevitablemente, por la educación.
Desde el Instituto Tecnológico Loyola, la institución que dirige avanza con una visión clara hacia 2030, adaptándose a las nuevas demandas de una región que experimenta un dinamismo sin precedentes.
“La frontera tiene una deuda social, económica y política. Y es momento de saldarla con educación y oportunidades”, afirmó.
El auge de Montecristi, el desarrollo proyectado en Manzanillo y el movimiento comercial en Dajabón han impulsado las exportaciones hacia Haití en más de un 300 % en los últimos años, generando nuevas exigencias en formación técnica, industrialización y capital humano.
“No queremos seguir exportando materia prima; queremos exportar productos terminados. Eso implica preparar a nuestra gente”, sostuvo el religioso.
Para responder a esta realidad, Loyola ha ampliado su oferta académica de seis a nueve carreras técnicas, además de 25 cursos de formación en oficios, algunos con hasta 1,500 horas de duración.
También ha fortalecido su centro de idiomas —con más de 300 estudiantes—, promoviendo el aprendizaje del inglés, francés y creole, esenciales en el contexto fronterizo.
A esto se suma la integración del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, con programas de ingeniería eléctrica, industrial y agroempresarial.
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Ante los planes de expansión en áreas como zonas francas y posibles infraestructuras logísticas, el padre Chepe insistió en la necesidad de incluir a los pequeños comerciantes.
“El desarrollo no puede dejar a nadie fuera. Tiene que ser equitativo y pensado de manera conjunta”, advirtió.
Uno de los pilares del modelo Loyola es su bajo costo. Un estudiante puede cursar un bachillerato técnico por apenas 500 pesos mensuales, mientras que la educación superior se ofrece a menos del 20 % del costo de otras universidades. “Si no pueden pagar, buscamos soluciones. Pero deben comprometerse con su formación”, expresó.
El sacerdote valoró el apoyo del presidente Luis Abinader, al que calificó como clave para el desarrollo de los proyectos educativos.
En medio de este proceso de crecimiento y adaptación, Loyola recibió el prestigioso Premio Brugal Cree en su Gente, en la categoría Educación, un reconocimiento nacional que incluye un aporte económico de dos millones de pesos.
Este galardón, otorgado por la Fundación Brugal, no solo valida décadas de trabajo educativo, sino que llega en un momento crucial. “Más que el dinero, es el reconocimiento a una educación que transforma realidades. Eso nos impulsa a seguir y a profundizar nuestro compromiso”, expresó el padre Chepe.
El monto recibido será destinado a fortalecer los programas educativos, mejorar infraestructuras y continuar ampliando oportunidades para jóvenes de la región.
“No se vayan de la frontera. Aquí hay oportunidades. Aquí pueden formarse y cambiar su realidad”, exhortó el sacerdote.
En su 80 aniversario, Loyola celebró con actividades que incluyeron un concierto de la artista Maridalia Hernández, reuniendo a más de 1,500 personas, además de espacios de reflexión sobre el futuro de la frontera.
Aunque el embarazo adolescente muestra una tendencia gradual a la disminución en República Dominicana, la problemática persiste entre las menores de edad más vulnerables.
En 2025, unas 537 niñas entre 12 y 14 años se convirtieron en madres, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Ante este panorama, la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), Magaly Caram, afirmó que la reducción del embarazo adolescente no es un fenómeno reciente, sino una tendencia que se ha venido observando lentamente durante los últimos años, aunque “mucho más lenta de lo deseado”.
Caram explicó que la organización ha realizado más de siete investigaciones sobre el tema en los últimos 15 años, en las que han identificado una reducción progresiva de los embarazos en adolescentes, especialmente en menores entre 12 y 14 años.
“Es una aspiración institucional el que disminuya el embarazo en adolescentes, especialmente en esa edad, 12 y 14 años, que son edades en que la niña, la preadolescente, debe estar todavía en una fase diferente a estar teniendo hijos y estar teniendo relaciones sexuales”, expresó.
Sin embargo, sostuvo que actualmente no existen estudios concluyentes que permitan determinar con certeza cuáles factores han provocado esa reducción.
La ejecutiva señaló que se requiere una investigación más profunda para determinar el impacto de variables como la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, las políticas públicas o los cambios culturales entre los jóvenes.
También consideró necesario revisar y depurar aún más las estadísticas oficiales sobre nacimientos y embarazos adolescentes.
“Ahí habría primero que pulir y verificar si los datos que están enviando realmente responden a la realidad”, manifestó.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/06032026-entrevista-profamilia-2-138e6b54.jpg)
Entre los factores que podrían estar incidiendo en la disminución de embarazos tempranos, Caram mencionó la prohibición del matrimonio infantil en el país, tema que, según dijo, ha comenzado a generar mayor conciencia social.
“La ley de matrimonio infantil es un tema nuevo relativamente y es probable que eso esté incidiendo en esta disminución”, sostuvo.
Para la directora de Profamilia, las uniones entre adultos y adolescentes constituyen situaciones de violencia y abuso.
“Para nosotros el matrimonio infantil no es tal, es realmente una relación de abuso, porque generalmente el hombre es de mucho mayor edad que la adolescente”, afirmó.
Sobre el acceso de adolescentes a métodos anticonceptivos, Caram entiende que primero debe promoverse la educación sobre el respeto y valoración del cuerpo, así como la postergación de las relaciones sexuales hasta alcanzar mayor madurez emocional y responsabilidad.
No obstante, consideró que, si esas recomendaciones no se cumplen, debe garantizarse el acceso a anticonceptivos para evitar embarazos tempranos.
“Yo le recomendaría y le facilitaría el uso de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo a edad temprana que va a romper su proyecto de vida”, dijo.
La representante de Profamilia lamentó que muchas adolescentes deban asumir la maternidad cuando todavía deberían estar enfocadas en su formación y desarrollo personal.
Caram insistió en que la problemática debe ser abordada de manera integral desde el Estado, con políticas públicas enfocadas en educación sexual, prevención, protección de derechos y acceso a servicios de salud para adolescentes.
“Yo creo que se está creando conciencia en el país de que el embarazo a edad temprana es un problema. El embarazo en adolescentes es un tema de políticas públicas”, concluyó.
Por la ausencia de los representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la audiencia ante el Tribunal Superior Administrativo, la alta corte aplazó para el 8 de junio próximo el conocimiento del recurso de amparo que interpuso un grupo de periodistas contra el decreto que limita a dos años la renovación de la licencia de conducir a personas de más de 65 años de edad.
La decisión del tribunal tiene por finalidad reformular las conclusiones para incluir el decreto 330-26 que modifica el artículo 21 del decreto 6-19 sobre el Reglamento de Licencias de Conducir.
El decreto establece que para las categorías 01, 02 y 05, el período de vigencia será de cuatro (4) años hasta que su titular cumpla los setenta y cinco (75) años de edad. A partir de los setenta y cinco (75) años de edad, la vigencia será de dos (2) años.
El Gobierno solicitó a la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejar sin efecto, por falta de objeto, el recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas.
El pedimento buscaba dejar sin efecto la audiencia de este lunes, bajo el argumento de que dicho decreto fue derogado y de que en su sustitución se emitió uno nuevo, el número 330-26.
Alberto Tavárez, abogado de los accionantes, dijo que la solicitud del Ejecutivo no surte ningún efecto, puesto que sus clientes decidieron mantener la acción de amparo, en razón de que el citado decreto no satisface sus demandas.
Tavárez dijo que convino con sus clientes continuar con la acción, dado que el decreto presidencial no responde al requerimiento principal, que es que se respete el derecho que tienen los envejecientes a no ser discriminados, tal como lo dispone el artículo 39 de la Constitución de la República.
Citan el artículo que expresa: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal…”
De acuerdo con el abogado, el nuevo decreto emitido por el presidente Abinader "lo que hace es desplazar en diez años la discriminación, de 65 a 75 años, por lo que es incongruente con la sentencia del Tribunal Constitucional 005-20 que expulsó de nuestro ordenamiento jurídico el criterio de «presunción de ineptitud por la edad», declaró.
El grupo de periodistas está compuesto por Héctor Minaya, José Antonio Torres, Christian Oviedo, Leo Corporán y Silvio Cabrera, de la redacción del periódico El Nacional, los cuales apoderaron al abogado constitucionalista Alberto Tavárez.
Quedó resuelto este lunes el conflicto político surgido en el ayuntamiento de Las Charcas, provincia Azua, luego de que el alcalde Brennis Jonathan Fontanez retomara sus funciones, tras la controversia generada por su supuesta renuncia, situación que llevó a la juramentación de la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte como alcaldesa interina el pasado viernes.
La información fue confirmada a Diario Librepor el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, quien indicó que la situación fue solucionada hoy mediante la intervención de los partidos políticos involucrados, sin necesidad de acudir a los tribunales.
Indicó que sostuvieron conversaciones con la vicealcaldesa Sánchez Agramonte, con quien lograron un acuerdo que devolvió la normalidad al cabildo.
El dirigente municipal expuso que el conflicto se originó por una carta firmada durante la campaña electoral entre Fontanez y Sánchez Agramonte, mediante la cual el entonces candidato habría prometido cederle la alcaldía a mitad del período de gestión, "es decir, dos años para Fontanez y los otros dos para Sánchez Agramonte", agregó.
No obstante, sostuvo que dicho documento carece de validez jurídicadebido a que fue firmado cuando Fontanez aún no era alcalde electo.
El presidente de Fedomu señaló que la vicealcaldesa intentó hacer valer ese acuerdo ante los regidores, situación que, según dijo, fue aprovechada por representantes de la oposición para promover la juramentación realizada el pasado viernes.
Explicó además que tres de los cinco regidores establecidos conocieron el documento sin notificar al alcalde sobre la sesión en la que se tomaría la decisión.
También sostuvo que el proceso se realizó sin la integración completa del concejo municipal, ya que uno de los propios regidores fungió como secretario durante la reunión.
El dirigente reiteró que la Constitución de la República Dominicana y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establecen que un alcalde electo solo puede perder sus funciones mediante renuncia formal en el ejercicio del cargo, fallecimiento o por una sentencia definitiva.
Añadió que en la mediación participaron representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).