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La mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en un mismo punto sobre la reforma fiscal: es necesaria y este es el momento adecuado para aplicarla. Sin embargo, difieren en el mecanismo propuesto, al considerarlo lesivo para la sociedad y complejo para su implementación.
Uno de los gremios que expresó su percepción sobre el documento fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de un post publicado por su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, quien señaló que estaban en proceso de estudiar lo presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente.
Ayer, el Conep se pronunció formalmente, subrayando que, dada la profundidad del tema, es necesario un “diálogo amplio y constructivo” en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el que el gobierno busca eliminar incentivos, aumentar impuestos, combatir la evasión fiscal y realizar otros ajustes para incrementar los ingresos gubernamentales en 122,486 millones de pesos.
“Reconocemos la importancia de generar recursos adicionales que permitan al Estado satisfacer las demandas de la población en términos de servicios e infraestructura. Sin embargo, consideramos que este proceso debe sustentarse en la apertura de espacios para la escucha activa y el consenso, como medio para identificar oportunidades de mejora en el proyecto”, indicó el gremio en una nota de prensa.
El Conep reiteró su llamado al Congreso Nacional para que continúe el proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Hacienda, abriendo un foro con receptividad, que permita a los diversos sectores de la economía expresar sus inquietudes y planteamientos.
Ayer, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de reforma fiscal a la Comisión de Hacienda, donde será analizado para la elaboración de un posible informe que conduzca a su aprobación o rechazo.
Aunque se esperaba que el proyecto sea enviado a una comisión bicameral para agilizar su análisis, como lo pedía el bloque de la Fuerza del Pueblo, la Cámara Baja decidió que la iniciativa cumpla con el procedimiento ordinario como cualquier proyecto regular.
Los economistas Jaime Aristy Escuder e Isidoro Santana coincidieron en que el proyecto de Modernización Fiscal que presentó el Gobierno es considerado, detallando que la propuesta pudo ser aún más ambiciosa, porque solo busca recaudar aproximadamente 122,000 millones de pesos adicionales equivalente al 1.5 % del producto interno bruto (PIB), cuando se necesita mucho más.
“En general, hasta ahora lo conocido me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita porque la realidad es que el Gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa”, sostuvo Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Expresó que, a pesar de su costo político, porque las reformas fiscales son impopulares, “es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta al Congreso. Ojalá que se apruebe porque en verdad el país necesitaba eso”.
En tanto, Aristy Escuder aseguró que la reforma tributaria planteada impactará principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad. Afirmó que esta es la primera vez desde la reforma fiscal de 1992, bajo el mandato de Joaquín Balaguer, que el impacto recae de manera significativa sobre los segmentos más ricos. “El ramalazo lo reciben los ricos. Vamos a poner las cosas claras”, expresó.
Añadió que su experiencia participando en reformas fiscales anteriores, como las de 1992; la del 1996, bajo el Gobierno de Leonel Fernández, y la del 2000, durante la administración de Hipólito Mejía, le permite asegurar que la carga tributaria de la actual reforma será asumida mayormente por los de mayores ingresos.
El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, consideró que la Ley de Modernización Fiscal es necesario a pesar del costo político que pudiera representar en la actualidad, siendo una de las razones que, a su entender, impidieron en el pasado su anuncio y ejecución.
“Aquí tenemos dos caminos: seguir tomando prestado hasta caer en el abismo o hacer esta reforma; no hay una posición dictatorial, pero no se puede permitir que se desnaturalice el objetivo, que es precisamente conseguir recursos para poder pagar”, indicó Bautista.
Ayer, un grupo de personas protestaron frente al Congreso Nacional contra el proyecto de ley porque consideran que lesionará a la clase media.
Tras enviar el proyecto una comisión de estudio, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sugirió que la iniciativa sea sometida a unas vistas públicas donde todos los ciudadanos puedan opinar sobre la iniciativa.
Las vistas públicas son un espacio que habitualmente encabeza cualquiera de las cámaras legislativas para escuchar las observaciones, recomendaciones y puntos de mejoría a los proyectos que se estudian en el Poder Legislativo.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que desde el Congreso se deben escuchar a todos los sectores involucrados con la reforma fiscal ya que “la población está con toda su atención” en la pieza.
“Yo pienso que la Comisión perfectamente tiene la oportunidad de escucharlos, creo, con toda honestidad, que, si se lo propone, y la comisión lo entiende, perfectamente puede organizar una Vista Pública y escuchar a los diferentes sectores”, afirmó Pacheco.
Si la reforma fiscal se aprueba en la Cámara de Diputados, sería enviada al Senado para que allí sea estudiada nueva vez en una comisión para los mismos trámites legislativos.
Tras 32 años de vigencia, las autoridades dominicanas buscan modificar el Código de Trabajo con el proyecto de ley de modernización y actualización depositado ayer en el Senado de la República en procura de “ampliar los derechos y mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores”.
Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, al entregar el proyecto en el Senado señaló que lo que está depositando en el Congreso es producto del consenso entre trabajadores y empleadores.
“Ahora le toca al Congreso hacer realidad lo acordado y generar la modificación de esta ley, que tiene más de 30 años, para dotar al país de una normativa moderna y acorde con las expectativas de trabajadores y empleadores”, destacó el funcionario.
De Camps dijo que la cesantía no se tocó en la iniciativa y que la pieza no fue apresurada, como alega el sector empresarial. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) consideró como desacertada la presentación del proyecto de reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo en una coyuntura donde el Congreso Nacional está inmerso en reformas constitucionales, fiscales y conocerá el Presupuesto General de la Nación del 2025.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Copardom, también dijo que uno de los puntos clave para la Copardom es la modificación del régimen de cesantía.
Asegura que el régimen actual reduce la competitividad de las empresas, limita sus oportunidades de desarrollo, frena el incremento de los salarios y la generación de empleos formales, especialmente en las micro y pequeñas empresas, donde el impacto de la cesantía puede poner en riesgo la supervivencia de la unidad productiva.
Sobre el proyecto, que fue enviado a comisión en el Senado, explicó que, si bien la entidad empresarial reconoce y valora el diálogo tripartito que tuvo lugar en el Consejo Consultivo de Trabajo, Copardom insiste en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la modernización de las leyes laborales y la protección de los derechos de los trabajadores. Manifestó que la Patronal enfocó sus propuestas en tres ejes principales: procedimientos, jornada laboral y costos derivados de la relación de trabajo.
“Estos son cruciales para actualizar una legislación laboral desfasada y devolver la competitividad a las empresas dominicanas, permitiéndoles alcanzar mayores niveles de eficiencia en un mercado cada vez más competitivo”, expresó.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, hizo “un llamado a la prudencia y a la moderación”, por considerar que se está “en un ambiente bastante cargado con temas de interés nacional”. “Durante más de una década, múltiples esfuerzos han procurado la anhelada reforma. Reconocemos avances importantes en esta etapa. Pero, ¿qué necesidad hay, en este preciso momento, de apresurar algo de esta dimensión, con posibilidad real de acuerdos mayores?”, destacó Dargam en un hilo en la red social X.
El 26 de agosto, cuando presentó la propuesta ante la sociedad, el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo que el proyecto nació de diálogo social tripartito que se ejecuta desde hace más de dos años.
“Nosotros pensamos en una semana ya depositarlo en el Congreso. Hay muchos avances, avances positivos para ambos sectores, si no se llega a los consensos en esa semana, pues se quedará para otra reforma, pero nosotros lo depositaremos en una semana, en unos 10 días”, advirtió el mandatario en LA Semanal.
También, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reaccionó al depósito del proyecto de ley de modernización y actualización del Código de Trabajo. “El sector industrial representado en nuestro gremio considera que ha llegado el momento de adecuar el tema del auxilio de cesantía al contexto actual, conscientes de que esta figura, en su formato vigente, constituye un freno a la generación de empleos formales en nuestra economía”, argumentó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Al llamado a la prudencia también se sumó Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional, Partido Fuerza del Pueblo. “Es inevitable observar el inadecuado ritmo con el que se están presentando estas reformas que, por su nivel de importancia, requieren tiempo para su análisis, debate y estudio. Reitero el llamado a la prudencia. Sigo pensando que la prisa es mala consejera y enemiga de los buenos resultados”, apuntó.
Licencia por paternidad
El proyecto de Modernización del Código de Trabajo propone agregar dos días más a los colaboradores que soliciten licencia por el nacimiento de un hijo, modificando lo establecido en el artículo 54 de la Ley 16-92.
Vacaciones
Según la nueva propuesta, tras un período de trabajo continuo de tres años o más, el empleado tendría derecho a 15 días laborables de vacaciones con disfrute de salario.
El Código Laboral vigente establece que después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, corresponden 14 de salario ordinario y después de un trabajo continuo no menor de cinco años, 18 días de salario ordinario. Nueva propuesta:
• Catorce (14) días laborables con disfrute de salario, después de un trabajo continuo de un año e inferior a los tres años.
• Quince (15) días laborables con disfrute de salario, después de un trabajo continuo de tres años o más, y menor de cinco años.
• Quince (15) días laborables, con disfrute de dieciocho (18) días de salario, después de un trabajo continuo de cinco años o más.
Teletrabajo
La propuesta incluye la regulación del teletrabajo, una modalidad laboral que responde a las necesidades actuales del mercado. Para la ejecución del teletrabajo, las partes deben acordar las formas y las condiciones bajo las cuales se realizará el trabajo, especificando si será de forma total o parcial.
Trabajadores del hogar
El proyecto establece que al trabajador del hogar se le aplican exclusivamente los derechos establecidos en el nuevo Código referentes a el descanso remunerado, los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes. También, a las vacaciones anuales, al salario, al salario mínimo, al salario de navidad, a la protección de la maternidad, a la formación profesional, a la formación y prueba del contrato, a sus modalidades y a la suspensión de sus efectos.
La propuesta destaca que no aplican a los contratos de trabajo del hogar las disposiciones de los artículos 80 y siguientes del Código de Trabajo. Esto es lo relativo a la cesantía.
La reforma fiscal que propone el Gobierno a través del proyecto de Ley de Modernización Fiscal plantea la eliminación de incentivos estratégicos para sectores productivos que ya se consideran consolidados, como es el caso del turismo.
Aunque los representantes del sector hotelero están preocupados de las consecuencias que traería la derogación de la Ley 158-01 para el Fomento al Desarrollo Turístico, a su vez, consideran que las autoridades están abiertas a escuchar otras propuestas.
“El día de ayer (miércoles) fue muy esperanzador para nosotros, un día en el que nuestra vicepresidenta (Raquel Peña) y nuestro ministro (David Collado) nos confirmaron que hay posibilidad de apertura”, manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre.
En un encuentro con periodistas para hablar del impacto de la reforma fiscal en el turismo, el ejecutivo resaltó que consideran que el sector turismo cuenta “con oportunidades de mejora” para mejorar el esquema fiscal actual y atraer mayores inversiones al sector.
Este planteamiento lo secundó la vicepresidenta del gremio, Aguie Lendor, quien dijo que la “fórmula de éxito” del sector turístico en todos estos años ha estado sustentada bajo un “diálogo público-privado”, al que siguen apostando.
En el marco de la Exposición Comercial de Asonahores, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Gobierno “buscará una fórmula” para no castigar al turismo con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, aunque sostuvo que el Estado no hace nada con seguir atrayendo inversiones si carecen de los ingresos necesarios para “hacer las inversiones públicas que paralelamente apoyen esas inversiones privadas".
Hasta el momento, los directivos de Asonahores se mostraron reservados ante la prensa al ser cuestionados sobre las alternativas que propone el sector para evitar que se derogue la Ley 158-01, prefiriendo guardarse cualquier apreciación para las reuniones que sostendrán, a lo interno, con las autoridades.
El pasado presidente de Asonahores, Enrique de Marchena, aseguró que no es tan sencillo determinar qué opciones pueden haber para que un sector productivo opere sin incentivos fiscales, como lo hacen la mayoría de los países de la región.
La razón de esto, sostuvo, es que los inversionistas se instalan en los lugares que sean rentables e indicó que, si bien los proyectos turísticos en marcha a los que ya se les hayan otorgado exenciones por 15 años, los mantendrán con o sin la reforma, no será el mismo caso para las próximas iniciativas que quieran venir al país a hacer negocios, si derogan la ley.
Un análisis de Asonahores muestra que la estructura fiscal de la República Dominicana compite con la de otros 24 países de América Latina y el Caribe –el 75 % de la región–, que ofrecen exenciones del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bienes importados, entre otros beneficios.
Solo en el ISR, 15 de estos países cobran una tasa menor o igual que el país, mientras que nueve tienen una tasa mayor, pero ofrecen exenciones para el sector turístico.
A esto se le suman otros factores que reducen la competitividad del sector, como el impuesto que se retiene a los boletos aéreos, siendo uno de los que más cobra en toda la región.
Lendor indicó que la eliminación de la estructura fiscal actual arriesgaría el desarrollo de polos turísticos emergentes, como sería el caso de Montecristi, Puerto Plata o Miches. “No hay manera de que un nuevo hotel (sin incentivos) se instale al lado de un hotel que tenga exenciones por 15 años”, afirmó.
Esto, sin contar las consecuencias que tendría la reforma fiscal para otros sectores vinculados al turismo, como es el caso de los bares y restaurantes, que enfrentarían las consecuencias de mayores cargas impositivas a las bebidas alcohólicas y azucaradas, así como el gravamen del 18 % del IVA a ciertos renglones alimentarios que antes no estaban contemplados, recordó el presidente de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), Omar Cepeda.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó ayer 18 meses de prisión preventiva contra tres de los imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, fue dictada contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Mientras que, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La revisión obligatoria de las medidas será el 9 de enero de 2025.
La investigación del Ministerio Público, denominada operación Camaleón, consta de más de 300 páginas, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforosdel Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Las tres empresas vinculadas a la supuesta trama son: Transcore Latam, Inprosol y Aurix.
A esta última se le señala de contratar de manera ilegal con el Ministerio de Defensa, para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Por el caso ya ha sido interrogado el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, valoró como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” la decisión de la jueza y aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.
Dijo que, se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial.
Laura Acosta, miembro de la barra de la defensa de Hugo Beras, dijo que es evidente que en este caso hay “intereses sumamente grandes” que escapan a su defendido y a sus abogados.
La abogada litigante manifestó al salir de la sala de audiencias que, aunque respetan la decisión, no la comparten, por lo que van a recurrir en apelación. Consideró que Hugo Beras es un “chivo expiatorio” en esta alegada trama. “Esto es un golpe duro ahora, pero él (Hugo Beras) no tiene por qué bajar la cabeza, porque no tiene nada de qué reprocharse desde el punto de vista penal”, afirmó la jurista.
Hugo Beras se vio con mirada triste y perdida al salir del tribunal en medio de un mar de cámaras y micrófonos de los medios de comunicación presentes.
El sector agricultura es otro de los grandes afectados por el plan migratorio del Gobierno.
Una semana después del inicio del operativo de repatriación de migrantes, desde el sector bananero se aseguró que la situación está generando mucha incertidumbre no solo en los productores, sino también en los compradores por falta de cumplimiento.
Ocurre lo mismo en el segmento del arroz, cuyos representantes afirmaron que notan la presión del proyecto de la Dirección General de Migración en las zonas de Montecristi y Mao en plena preparación de los terrenos para luego regar las semillas, pues la disponibilidad de la mano de obra es escasa y la persecución de las autoridades es mayor.
El director de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Martín Edwardo, garantizó que hay pérdidas en varios aspectos del sector bananero. El plan migratorio "genera mucha incertidumbre en nuestros productores que semanalmente preparan el empaque del banano para llevarlo hasta el barco (...), también generamos inseguridad ante nuestro comprador porque no cumplimos", declaró.
Además, explicó que los haitianos no quieren salir a la finca a trabajar por temor a ser deportados, y eso los limita.
"También está el hecho de que algunos extranjeros se están yendo de forma voluntaria para no perder los ajuares al momento de ser deportados. La situación es apremiante para nosotros porque hay escasez de mano de obra, sobre todo en la zona de Valverde y Montecristi", reiteró.
Por ello, Edwardo hace un llamado en favor del sector bananero para regularizar a los trabajadores con visas de empleo temporal, para así tener garantía de que los mismos no serán deportados. "Estamos de acuerdo con se cumpla la ley, pero para salvar la industria del bananoes necesario que se pueda regularizar a nuestros trabajadores y, de esta manera, poder cumplir con los contratos establecidos para este año y los próximos meses", justificó.
Desde el área del arroz, el presidente de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, expuso que la migración haitiana en la República Dominicana es bastante compleja y presenta muchas aristas y desafíos, especialmente en la agricultura. "Estamos presentando escasez en la disponibilidad de la mano de obra, lo que estaría encareciendo la hora/jornal a un ritmo sin precedente, en diferentes zonas del país las misma rondan entre 125 pesos a 160 pesos/hora, representando un aumento que oscila en 15 por ciento adicional", declaró.
En consecuencia, explicó que esta situación, a medio plazo, podría verse reflejada en un aumento de los costos de producción y sostenibilidad del sector, lo que reduciría la disponibilidad de alimentos para la población y un alza de los precios.
Por esa razón, Reyes destacó la necesidad de un control en las fronteras. "La falta de un control fronterizo eficaz facilita la entrada irregular de los trabajadores, evitando el 'macuteo', lo que impide al Estado implementar una política migratoria ordenada y beneficiosa al país", declaró Reyes.
El presidente de Fenarroz defendió la necesaria protección de las fronteras e implementación de mecanismos que garanticen que "solo entren los trabajadores para cada sector específico y con permiso de trabajo zonificado a un territorio o demarcación del país".
Igualmente, explicó la necesidad de diseñar unos reglamentos que regulen la contratación de migrantes que sean adaptados a las realidades del campo dominicano. Y, además, pidió un programa de regulación migratoria para que los trabajadores haitianos puedan integrarse legalmente al sistema laboral agrícola.
Migración garantiza derechos
El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, se reunió ayer con las autoridades civiles de Santiago, con el objetivo de coordinar acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos durante los operativos contra ciudadanos haitianos que se encuentran en situación migratoria irregular en el país. Explicó que el objetivo es cumplir con lo establecido en el marco legal de la República Dominicana, así como en los tratados internacionales.
La meta del gobierno es deportar hasta 10,000 migrantes haitianos irregulares a la semana. El pasados lunes, Migración informó que en los primeros cinco días del operativo había devuelto a su país a 7,217 migrantes haitianos en condición irregular.
Gerrit Cole lució como todo un as de postemporada el jueves, al limitar a los Reales a una sola carrera en siete capítulos, y los Yankees de Nueva York se impusieron 3-1 sobre Kansas City para situarse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Cole, seis veces elegido al Juego de Estrellas, permitió seis imparable esparcidos en su labor, que incluyó cuatro ponches, antes de entregarle la pelota al bullpen, que dominó una tensa serie divisional. Clay Holmes solventó de manera perfecta la octava entrada y Luke Weaver navegó tranquilo en la novena, para extender a 15 innings y dos tercios la racha de los relevistas de los Yankees sin permitir carrera en esta postemporada.
Nueva York enfrentará a Cleveland o Detroit en la Serie de Campeonato, que comienza el lunes por la noche en el Yankee Stadium.
El dominicano Juan Soto, el venezolano Gleyber Torres y Giancarlo Stanton —la figura del tercer juego, empujaron sendas carreras por los Yankees, que aseguraron un boleto para su cuarta Serie de Campeonato en ocho años. Y para no variar, lo lograron como visitantes.
Ganaron 50 juegos en parque ajeno en la temporada regular, su mayor número en 21 años.
Por los Yankees, el dominicano Juan Soto de 4-1 con una remolcada. El venezolano Gleyberr Torres de 5-2 con una anotada y una empujada. El mexicano Alex Verdugo de 4-0 con una anotada.
Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Maikel García de 3-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0. El puertorriqueño M.J. Meléndez de 3-0.
Las próximas cédulas de identidad (CI) e identidad y electoral (CIE) prometen modernizar el registro civildel país mediante el uso de tecnologías de vanguardia. A pesar de que la Junta Central Electoral (JCE) avanza en este proceso de licitación, también debe enfrentarse a la dificultad de corregir alrededor de 2.8 millones de expedientes de ciudadanos que están inconclusos.
Entre los elementos más innovadoresque se implementarán en el referido documento se encuentran la firma electrónica, los nombres en relieve, y la posibilidad de permitir la comparación biométrica de una huella grabada en el chip con una captura en vivo en pocos segundos.
El material seleccionado para la nueva cédula es el policarbonato, que incorpora características de seguridad para evitar la reproducción ilegal. Además, este material se utiliza en decenas de países, como Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, México, Ecuador y Uruguay.
La JCE sostuvo el pasado martes un encuentro con delegados de las organizaciones políticas reconocidas para presentar los avances del Proyecto para la Renovación de la CI y la CIE. En dicho encuentro, el organismo reveló a los partidos que cerca de 2.8 millones de personas presentan inconsistencias en sus datos registrados, un problema que la nueva cédula busca ayudar a resolver.
Hace algunas semanas, Samir Chami Isa, miembro titular de la JCE, confirmó que el proceso de licitación avanza de manera regular y que se están contestando entre 500 y 600 preguntas formuladas por los licitantes.
“El plazo está corriendo con normalidad, pero es una licitación muy amplia. El pleno completo está involucrado, y hay que contestar las muchas preguntas que han hecho los oferentes”, declaró Chami Isa el pasado 25 de septiembre.
Según los últimos datos, aún se están evaluando a las 19 empresas oferentes que participan en el proceso.
El proyecto de renovación de las cédulas, con un costo de 2,081,674,980 pesos, se ejecutará entre 2024 y 2025. La renovación contempla la emisión de 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral, y 800 mil unidades de cédulas de identidad para extranjeros, menores de 18 años y policías que no votan.
Además, la empresa adjudicada deberá tramitar anualmente, a partir del segundo año de operación y por nueve años adicionales, 900 mil cédulas de identidad y electoral y otras 100 mil solo de identidad.
La nueva cédula será una tarjeta de polímero termoplástico (policarbonato) de gran resistencia, formada por varias capas (mínimo 5) fusionadas mediante laminación en caliente, resistente a la división, con tintas de formulación específica para el sistema de impresión offset.
Las tintas de seguridad contarán con pigmento sólido ópticamente variable y un elemento holográfico de borde a borde. Todas las tintas deberán cumplir la normativa de durabilidad (ISO 18745) y tener una solidez a la luz de 4 en la escala de las lanas azules.
Las cédulas tendrán un diseño exclusivo en los fondos de seguridad a imprimir en offset, que incluirán guilloches, microtextos combinados con motivos o imágenes alegóricas a la República Dominicana, constituidos a partir de líneas finas continuas con modulación de su espesor u otras tramas de alta seguridad.
Los impresos deberán realizarse en al menos dos colores de tinta visible y también deberán presentar fluorescencia en el anverso, al menos ante la exposición a una fuente de luz ultravioleta. Además, se incorporarán embozados superficiales en relieve mediante laminación a registro.
La comisión del Senado que escogerá a los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) da los toques finales para comenzar con las entrevistas a las 109 personas que se postularon el martes 15 de octubre.
En la reunión de este jueves, la comisión que preside el senador de Peravia, Julito Fulcar, abordó los puntos concernientes a la logística, calendario de trabajo, protocolo y criterios de valoración para fijar las puntuaciones.
“Esta comisión trabajará de manera diáfana, siempre dando cumpliendo con el mandato constitucional y de la ley de la Junta Central Electoral (JCE)”, expresó Fulcar.
Fulcar detalló que el día de las entrevistas el horarios es a partir de las 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:30 de la tarde en adelante en el Salón Polivalente del Senado.
Dentro de los 103 aspirantes están los actuales miembros de la JCE y sus respectivos suplentes. Estos son: Román Jáquez Liranzo, presidente; Rafael Armando Vallejo Santelises, Samir Chami Isa, Dolores Fernández Sánchez y Patricia Lorenzo Paniagua.
El artículo 80 de la Constitución faculta al Senado las atribuciones para elegir a los miembros y suplentes de la JCE, cuyos requisitos indican que deben ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años; estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en derecho, con 12 años mínimo de ejercicio.
Durante la realización del tercer Congreso Latinoamericano de Salud Digital, diversos especialistas conversaron sobre el impacto de la innovación y el uso de Inteligencia Artificial (IA) como una forma de mejorar los servicios y la calidad de los diagnósticos a los pacientes.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del ministro de Salud, Víctor Atallah, quien habló sobre la importancia del registro único del paciente, expediente digitalizado con todo el historial clínico a disponibilidad de todos los especialistas que amerite consultar.
“La Salud Digital es más que tecnología, es una herramienta poderosa para humanizar los servicios de salud y para construir sistemas de salud más justos, accesibles y eficientes”, dijo Atallah.
El funcionario reconoció que la trasformación en el país “es solo el comienzo y que debemos seguir expandiendo estas capacidades para cubrir más áreas y especialidades”.
Asimismo, mencionó que otro paso crucial es la integración de la Inteligencia Artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) en las políticas públicas.
Para concluir su intervención, el ministro resaltó que, “en la República Dominicana estamos ya invirtiendo en la infraestructura necesaria para hacer posible este tipo de análisis y para capacitar a nuestros profesionales en el uso de estas herramientas. De esta manera, estamos seguros que vamos a poder responder de una manera más eficiente a las necesidades emergentes de nuestra población”.
El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, comentó que se avanza en la conformación de la Red Nacional de Trauma, que pretende elevar de tres hospitales a siete los centros traumatológicos del país, donde se utilizarán equipos de última tecnología.
“Igual la Atención Primaria, que tiene el reto de la conectividad que es obligatoria para nosotros poder saber qué estamos manejando en cada región, en cada provincia, saber dónde están nuestros pacientes diabéticos, los hipertensos, dónde enfocar los recursos”, comentó durante su participación en el panel “Interrelación y sinergia entre prestadores y aseguradoras en un mundo digitalizado”.
En cuanto al temor de que la IA soslaye al médico, el radiólogo mexicano Leopoldo Cruz dijo que la Inteligencia Artificial puede dar posibles diagnósticos sobre un caso, “pero es la clínica, lo que yo vea, los síntomas, lo que me lo van a confirmar”.
En ese mismo orden, planteó como todo un reto la dinámica que se produce hoy día entre los médicos y pacientes, ya que estos últimos se interesan por su enfermedad, buscan datos, aunque no siempre acuden a las fuentes más fidedignas, entrando en un conflicto que genera desconfianza con lo que dice el médico.
En esta tercera edición del congreso se presentaron 30 expositores que disertaron sobre el futuro de la salud digital, la interrelación y sinergias entre prestadores y aseguradoras en un mundo digitalizado, así como las competencias y retos del futuro del personal de la salud, entre otros temas que contribuyen a propiciar la mejora de procesos y la respuesta adecuada a las necesidades de ese sector.
El turismo se ha posicionado como la principal actividad económica de la República Dominicana, pero es debido al efecto multiplicador de la industria: sus resultados directos, indirectos e inducidos le han llevado a aportar casi el 20 % del producto interno bruto (PIB) del país
Cuando se observan los aportes que el turismo inyecta a la economía dominicana de manera directa –excluyendo el impacto indirecto e inducido que genera la industria a través de sus compras a otros sectores del segmento servicios, y los empleos generados producto de ese encadenamiento productivo–, estos representaron un 6.9 % del PIB en el 2023, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Aunque este porcentaje ha ido creciendo a lo largo de los años, esta cifra tuvo una fuerte caída con la pandemia del covid-19, por lo que ese 6.9 % es apenas un punto porcentual más que lo que aportó la actividad turística al PIB para el 1996, conforme a los datos presentados este jueves por el gremio hotelero.
Su presidente, David Llibre, resaltó este dato en una rueda de prensa con periodistas, en la que explicó que la derogación de la Ley 158-01 de Desarrollo al Fomento Turístico, como plantea el proyecto de reforma fiscal, impactaría no solo a los complejos hoteleros que quieran invertir en la República Dominicana, sino también a todo el encadenamiento productivo alrededor del turismo, que supera los aportes directos de la actividad a la economía dominicana.
Explicó que los aportes inducidos a la economía dominicana representan alrededor de 9.6 % del PIB, mientras que los indirectos son el 2.8 %, sumando contribuciones equivalentes al 19.3 % del producto interno.
“Siempre hemos hablado de esas cifras, de entre 16 % y 19 % del PIB, pero eso es cuando sumamos de forma directa, indirecta e inducida (...), el turismo tiene una derrama económica mayor que otras industrias”, recordó Llibre.
El ejecutivo indicó además, que el turismo es un sector que aporta a la estabilidad cambiara, inyectando dólares a través de la inversión extranjera directa (IED) en proyectos e iniciativas para apuntalar al sector.
Explicó que, si bien el turismo dominicano ha crecido de manera importante en los últimos años, tanto el sector público como el sector privado deben pensar en conjunto en las estrategias a generar para incrementar su flujo turístico.
Si bien la llegada de 10 millones de visitantes en el 2023 representa una meta lograda, esta cantidad representó solo el 0.6 % del total de turistas a nivel global, que suma los 1,406 millones de personas en todo el mundo.
“Se ha dicho que hemos alcanzado un nivel de madurez, sin embargo, estamos dando pasos de bebé. Estamos gateando, tenemos todo por delante, todo por hacer”, puntualizó.
Llibre sostuvo que, por estas razones, se deben analizar cómo afectaría la derogación del actual esquema de incentivos, más allá del sector turismo, a toda la economía dominicana.
“El turismo no es solamente un complejo hotelero, el turismo inmobiliario o un paquete de excursiones, es todo el encadenamiento productivo que genera, son todas esas empresas a las que el turismo les compra, que les permite mantener su personal”, remarcó, insistiendo que ese es el modelo sobre el que ha versado la economía dominicana.
“Nosotros somos un país turístico”, zanjó, recordando que la República Dominicana compite con otros 24 países en América Latina y el Caribe que cuentan con exenciones fiscales que buscan atraer el capital extranjero a sus destinos turísticos.
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