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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció la tarde de este miércoles el restablecimiento de las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela, un servicio que había sido suspendido temporalmente en marzo de 2025.
La institución explicó, vía nota de prensa, que la reanudación de estos procedimientos fue posible tras la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas y la habilitación de las condiciones operativas necesarias para realizar las diligencias.
Con esta decisión, queda sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión temporal comunicada mediante un aviso publicado el 24 de marzo de 2025.
El Mirex indicó que las solicitudes de notificación podrán tramitarse nuevamente a través de los canales y procedimientos establecidos, de conformidad con la legislación dominicana aplicable.
La medida está dirigida a profesionales del derecho, integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros usuarios que requieren gestionar notificaciones judiciales y actuaciones procesales destinadas a personas o entidades con domicilio en territorio venezolano.
Para obtener orientación sobre los trámites, los interesados pueden comunicarse con la División de Notificaciones en el Exterior de la Dirección de Servicios Consulares del Mirex.
La institución puso a disposición el correo electrónico notificacionesexterior@mirex.gob.do y el teléfono 809-987-7001, en las extensiones 7178, 7179, 7448, 7754, 7755, 7759 y 7304.
También está habilitado el número de WhatsApp 829-470-8374 para consultas relacionadas con estos procedimientos.
Lo que comenzó como un presunto rapto a manos de cuatro hombres que aparentaban ser agentes policiales terminó con la víctima bajo custodia de la propia Policía Nacional, una situación que ha generado indignación y preocupación entre los familiares de un comerciante de 30 años, interceptado la noche del martes frente a su esposa embarazada, en esta ciudad.
Se trata de Samuel Sembel, propietario del restaurante "A Fuego Lento", ubicado en la calle doctor Antonio Méndez, próximo al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien fue sacado por la fuerza de las inmediaciones de su establecimiento alrededor de las 7:20 de la noche.
Según las versiones ofrecidas por familiares y empleados, cuatro individuos encapuchados y portando armas de fuego llegaron a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, vestidos con prendas que exhibían insignias de la Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim) y de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).
Los hombres habrían forcejeado con Sembel antes de introducirlo en el vehículo, en presencia de su esposa embarazada, quien también habría sido objeto de un intento de rapto.
Durante el incidente, los desconocidos supuestamente despojaron al comerciante de su teléfono celular, unos aretes de diamante y una cantidad de dinero producto de las ventas realizadas en su negocio.
Tras varias horas sin conocerse su paradero, Sembel fue abandonado en la carretera que conduce al distrito municipal de La Guázara, donde una patrulla policial que transitaba por el lugar lo encontró y trasladó hasta la sede de la Policía Nacional en Barahona.
Sin embargo, lejos de regresar inmediatamente con sus familiares, el comerciante pasó la noche en el destacamento policial del sector Villa Estela y posteriormente fue llevado a las dependencias del Dicrim, donde permanecía bajo investigación.
La situación provocó la reacción de Efraín Sambel, padre del comerciante, pastor evangélico y dirigente de los derechos humanos, quien cuestionó que su hijo permanezca bajo custodia policial después de haber sido víctima de un presunto rapto.
El religioso relató que, al enterarse de que varios hombres armados se habían llevado a su hijo, salió desesperadamente a buscarlo a bordo de una Honda CR-V blanca, con la esperanza de encontrar información sobre su paradero.
Explicó que acudió a la sede policial para preguntar si las autoridades tenían conocimiento de lo ocurrido, pero, según denunció, además de no recibir inicialmente una respuesta, los agentes le retuvieron la yipeta en la que se desplazaba.
Sambel aseguró que tuvo que regresar caminando a su residencia, bajo la lluvia, alrededor de las 11:00 de la noche, debido a que los agentes mantuvieron el vehículo bajo su control.
El pastor consideró injustificada la retención de la Honda CR-V, debido a que, según sostuvo, no tiene ninguna vinculación con el incidente y únicamente fue utilizada para trasladarse hasta el cuartel en busca de su hijo.
Agregó que todavía está pagando el vehículo mediante un financiamiento bancario, por lo que reclamó su devolución.
Asimismo, exigió que las autoridades expliquen las razones por las cuales su hijo permanece retenido y que, en caso de no existir cargos en su contra, dispongan su libertad.
También pidió que los organismos investigativos concentren sus esfuerzos en identificar y localizar a los cuatro hombres que se llevaron al comerciante utilizando prendas con insignias policiales.
Otro de los momentos de mayor tensión durante el incidente ocurrió cuando los individuos presuntamente intentaron introducir en la camioneta a la esposa del comerciante, quien se encuentra embarazada.
Así lo denunció Leonela Morillo, madre de la joven, quien explicó que los desconocidos forcejearon con su hija mientras trataban de llevársela junto a su esposo.
De acuerdo con su relato, los hombres finalmente desistieron de llevarse a la mujer y abandonaron el lugar únicamente con Sembel, sin ofrecer explicación alguna sobre el motivo de su actuación.
Morillo expresó preocupación por la situación que vivió su hija y por el hecho de que su yerno, después de haber sido llevado por desconocidos armados, terminara bajo custodia policial.
Mientras tanto, empleados del restaurante A Fuego Lento explicaron que durante varias horas desconocieron qué había ocurrido con su propietario, debido a que los hombres que se lo llevaron lo habían despojado de su teléfono celular, dejándolo incomunicado.
El coronel Nin, encargado del Dicrim en Barahona, informó que ese organismo realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo el rapto.
No obstante, hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión detallada sobre lo ocurrido ni han explicado públicamente las razones por las cuales el comerciante permanece bajo investigación en dependencias policiales.
Tampoco se ha establecido si los cuatro hombres que participaron en el hecho pertenecen a algún organismo de seguridad del Estado o si utilizaron las insignias del Dicrim y Dintel para hacerse pasar por agentes.
Otro aspecto pendiente de aclarar es el destino del dinero, las prendas de diamante y el teléfono celular que, según la denuncia, fueron sustraídos durante el incidente.
Los familiares de Sembel insisten en que se investigue la actuación de los cuatro individuos, se determine por qué fue privado de su libertad y se esclarezcan las circunstancias en que terminó bajo custodia de la Policía Nacional.
El caso mantiene a la familia a la espera de respuestas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el presunto rapto y cuáles fueron sus motivaciones.
El senador Antonio Taveras se pronunció este miércoles sobre los presuntos intercambios de disparos en los que personas señaladas como delincuentes fallecen a manos de agentes de la Policía Nacional.
Durante su turno de ponencia en el Senado de la República, el legislador informó que depositó una resolución que invita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno de la Cámara Alta.
El documento establece que el propósito de la comparecencia es que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre las muertes ocasionadas por agentes policiales, los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos institucionales de investigación y control.
La iniciativa fue aprobada para su envío a comisión, con un plazo de dos semanas para su estudio, antes de ser conocida nuevamente por el pleno.
La resolución señala que la invitación busca conocer, además, los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos que se aplican cuando una intervención policial provoca la muerte de una persona.
También procura obtener información sobre los mecanismos independientes de investigación y verificación utilizados para corroborar y contrastar las versiones ofrecidas por los agentes involucrados en intervenciones que terminan con fallecimientos.
De igual manera, la iniciativa plantea examinar el comportamiento y el incremento de las muertes ocasionadas por agentes de la Policía Nacional, particularmente durante 2026 y, de manera significativa, a partir de agosto.
Durante su intervención, Taveras afirmó que defiende el derecho de la sociedad a vivir en paz y con seguridad, respaldada por un cuerpo policial.
Sin embargo, advirtió que resulta fácil sumarse al discurso que celebra la muerte de una persona señalada como delincuente a manos de la Policía.
“Quienes tenemos la responsabilidad pública no podemos permitirlo. Las muertes extrajudiciales están siendo apoyadas por la población, pero nosotros aquí tenemos que garantizar el Estado de derecho”, expresó.
El legislador también recordó que en el país no existe la pena de muerte y aclaró que su postura no implica defender a los delincuentes, sino procurar que se respete la ley.
“Que sean conducidos a la justicia y sean juzgados en los tribunales. La Policía dijo que tiene miles de órdenes de arresto; debemos preguntarnos las causas de esa acumulación”, manifestó.
Las declaraciones del senador se producen en un contexto marcado por decenas de muertes de personas señaladas como presuntos delincuentes durante intervenciones policiales.
En los primeros días de octubre, 21 personas han fallecido a manos de agentes de la Policía Nacional, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.
Comprar una casa para su familia y conseguir que su padre deje de trabajar después de tantos años de esfuerzo son dos de las metas que Andreína Martínez espera cumplir. Para la modelo dominicana, la posibilidad de convertirse en un ángel de Victoria’s Secret no representa únicamente un paso importante en su carrera, sino también una oportunidad de cambiar la vida de sus seres queridos.
Así lo contó en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la reconocida marca, en el que habló de su infancia en Santiago de los Caballeros, la separación de su madre cuando emigró a Estados Unidos y los sueños que hoy la impulsan a seguir adelante.
Martínez recuerda una niñez feliz, rodeada de sus primos y de las reuniones familiares en casa de su abuela. Los domingos eran días para cocinar juntos, compartir y disfrutar de la compañía de los suyos, incluso cuando el dinero no abundaba.
"Aunque no teníamos muchos recursos, esos recuerdos y esas actividades eran lo que nos mantenía unidos", expresó.
En su familia, la educación tenía un significado especial. Como sus familiares no habían tenido la oportunidad de asistir a la universidad, querían que sus hijos pudieran acceder a una formación que les abriera nuevas puertas.
Esa aspiración llevó a Andreína y a su hermano a emigrar a Estados Unidos cuando ella tenía 13 años, acompañados de su padre. Su madre, sin embargo, tuvo que quedarse en República Dominicana.
La modelo reconoce el sacrificio que aquello supuso para ella y destaca que su madre entendía las oportunidades que sus hijos podían encontrar al otro lado de la frontera.
Hoy, mientras se prepara para una de las oportunidades más importantes de su carrera, Martínez tiene claro qué le gustaría hacer si logra alcanzar sus objetivos profesionales. Entre sus mayores deseos está comprar una casa y permitir que su padre pueda retirarse.
"Quiero comprar una casa y quiero retirar a mi papá. Ese es mi objetivo. Quiero que ese hombre deje de trabajar; ha trabajado muy duro durante muchísimo tiempo y necesita descansar", contó en el audiovisual.
"Esta oportunidad es enorme. Puede cambiar mi vida, pero no solamente la mía, sino la de mi familia para siempre", afirmó.
Andreína Martínez representó a República Dominicana en Miss Universo 2022, donde logró entrar al grupo de las cinco finalistas. Desde entonces, ha continuado desarrollando su carrera en el modelaje internacional.
Ahora, la dominicana se encuentra entre las finalistas del reality show de Victoria’s Secret, una competencia que busca seleccionar a una nueva integrante de los ángeles de la marca.
La final podrá verse en YouTube este próximo 18 de octubre, cuando se conocerá el desenlace del programa.
American Airlines cerró su oficina de Santo Domingo, ubicada en la calle Max Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional, poniendo fin a décadas de servicio personalizado en el país, según confirmó a Diario Libre una fuente.
El cierre se produjo como parte de una reestructuración realizada desde la casa matriz de la aerolínea y afectó a aproximadamente 130 empleados, quienes quedaron sin empleo.
“Cerraron el departamento local para centralizar todo en la sede regional”, explicó la fuente.
La fuente aclaró que la decisión no está relacionada con una disminución de las operaciones de la aerolínea y señaló que para noviembre y diciembre está programado un aumento de sus vuelos.
En lo adelante, los clientes deberán gestionar sus solicitudes de servicio a través de la página web de American Airlines o por vía telefónica.
Para obtener información, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas al número local 1-829-200-1161 o a las líneas internacionales 1-800-433-7300, para atención en inglés, y 1-800-633-3711, para atención en español.
American Airlines comenzó sus operaciones en República Dominicana el 8 de septiembre de 1975, por lo que acumula décadas de presencia en el mercado dominicano.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el miércoles el embargo de armas a Haití y las sanciones impuestas a personas consideradas responsables de la violencia en el país.
La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, adoptada por 14 votos a favor y una abstención (de Rusia), extiende las medidas aprobadas hace cuatro años.
En 2022, el Consejo de Seguridad impuso sanciones a líderes de pandillas haitianas, luego ampliadas hasta convertirse en un embargo total de armas, salvo para las ventas destinadas a las fuerzas de seguridad del gobierno.
El texto introduce un cambio respecto de los adoptados en años anteriores: el Consejo de Seguridad se declara "preocupado por las informaciones que dan cuenta de malversaciones, abusos de confianza y desvíos de fondos públicos, que comprometen la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití".
Haití, el país más pobre de las Américas, atraviesa desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad agravada en los últimos años por los asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores de las bandas criminales.
A pesar del embargo, hay cientos de miles de armas en circulación, incluso fusiles semiautomáticos de guerra.
Según la ONU, el embargo se elude principalmente mediante el tráfico procedente de Estados Unidos, aprovechando la debilidad de los controles aduaneros.
"Instamos a los Estados miembros, en particular al país que constituye la principal fuente de suministro ilícito de armas y municiones a Haití, a que adopten con urgencia medidas decisivas para combatir el tráfico en origen", declaró Sun Lei, representante permanente adjunto de China ante la ONU.
Autoridades en Haití anunciaron la semana pasada el aplazamiento de las primeras etapas del proceso electoral, lo que retrasa las presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre.
La Policía Nacional española ha desarticulado en la ciudad de Sabadell (noreste) una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos en Europa y ha detenido a cuatro personas, entre ellas al líder de la banda.
Los miembros de este grupo criminal utilizaban pasaportes colombianos, falsos o expedidos de forma fraudulenta, para eludir el requisito de visado exigido para acceder al espacio Schengen, según informó este miércoles la Policía Nacional en un comunicado.
Los detenidos se encargaban de coordinar los viajes, proporcionar a los migrantes la documentación fraudulenta y facilitarles las instrucciones necesarias para superar los distintos controles fronterizos hasta su entrada irregular en territorio europeo.
La investigación comenzó en noviembre de 2025, después de que la Policía detectara que ciudadanos nacionales de República Dominicana trataban de llegar a Europa utilizando pasaportes colombianos obtenidos fraudulentamente.
En algunos casos, los migrantes viajaban desde su país de origen hasta Colombia.
Una vez allí, aprovechando que la legislación de ese país permite a cualquier persona mayor de edad comparecer en el Registro Civil acompañado de dos testigos y manifestar haber nacido en Colombia, obtenían una cédula de identidad colombiana y, en última instancia, un pasaporte que les permitía viajar a Europa en calidad de turistas sin tener que presentar visado.
En otros casos, los migrantes viajaban a Perú, donde miembros de la organización afincados en ese país les facilitaban alojamiento y los documentos para viajar eludiendo el visado exigido a los ciudadanos dominicanos para ingresar en el espacio Schengen.
Durante la investigación, en colaboración con AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), la Policía identificó a los miembros del entramado criminal que residían en España y que han sido detenidos ahora.
Adolescentes privados de libertad en República Dominicana permanecen en celdas deterioradas, utilizan recipientes improvisados para hacer sus necesidades y, en algunos casos, pasan más de dos meses aislados de actividades recreativas y sociales, según el Informe de las condiciones de detención y de prisión 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Defensa Pública.
El documento, publicado en agosto de 2026, también establece que menores con condiciones de salud mental recluidos en Santiago dependen de sus familiares para recibir medicamentos psiquiátricos, debido a que estos tratamientos no son suministrados por las instituciones responsables.
Los hallazgos corresponden a inspecciones realizadas en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) Ciudad del Niño, en Santo Domingo, y en el establecimiento de la misma modalidad ubicado en Santiago.
En Ciudad del Niño, los inspectores constataron que algunas celdas presentan humedad, falta de mantenimiento y servicios sanitarios insalubres.
El informe describe baños que consisten en aberturas en el piso y señala que, ante la falta de agua corriente y sanitarios funcionales, algunos adolescentes se ven obligados a utilizar recipientes improvisados para sus necesidades fisiológicas.
También identificó áreas sin energía eléctrica, abanicos ni iluminación adecuada, además de instalaciones eléctricas improvisadas.
Una de las situaciones más graves corresponde al régimen disciplinario.
La Defensa Pública verificó que el centro carece de celdas de reflexión adecuadas, por lo que utiliza espacios de alojamiento común para mantener separados a determinados internos.
Algunos adolescentes permanecían más de dos meses sin acceso a actividades recreativas o sociales, una práctica que el organismo considera contraria a los estándares internacionales de protección de menores privados de libertad.
El informe también cuestiona que esas medidas se apliquen sin las garantías correspondientes del debido proceso.
Al momento del levantamiento, Ciudad del Niño tenía 90 adolescentes recluidos, aunque dispone de capacidad para 150.
Aunque el recinto no presentaba hacinamiento en términos generales, la Defensa Pública identificó deficiencias en infraestructura, atención médica y acceso a actividades recreativas.
El centro dispone de programas educativos de bachillerato y talleres de pintura, electricidad y sastrería, pero el informe recomienda rehabilitar las instalaciones destinadas a esas actividades.
En el centro de Santiago, la Defensa Pública estableció que la Dirección Nacional de Atención Integral al Adolescente (Dinaia) suministra medicamentos generales, pero no proporciona los tratamientos psiquiátricos.
En consecuencia, los familiares deben comprarlos y entregarlos al personal del establecimiento para su administración.
El recinto dispone de una pediatra, dos enfermeras y un equipo de profesionales de psicología y trabajo social, pero el informe señala la ausencia de suministro institucional de medicamentos psiquiátricos.
También encontró adolescentes durmiendo directamente en el piso, algunos sin cama ni sábanas.
Aunque el establecimiento tenía 73 internos y capacidad para 96, un módulo completo permanecía fuera de servicio por falta de electricidad e inodoros, lo que provocaba una distribución desigual de los adolescentes en los espacios disponibles.
Otra dificultad corresponde al abastecimiento de agua: las duchas no funcionaban adecuadamente y los internos debían bañarse utilizando cubos.
La alimentación también figura entre los problemas identificados en Santiago.
Según el informe, durante la inspección se constató el suministro de alimentos en condiciones inadecuadas, incluyendo arroz con coloración amarillenta, mal olor y características que los adolescentes y el personal asociaban con presencia de plagas.
La Defensa Pública documentó, además, entregas irregulares de víveres, verduras, carne de pollo y otros productos básicos.
El centro había recibido leche en mal estado y permaneció varios días sin suministro de pan. Una partida de harina de maíz llegó deteriorada y no pudo utilizarse.
Los alimentos son suministrados por los Comedores Económicos del Estado.
A pesar de estas deficiencias, el establecimiento mantiene programas de alfabetización, educación primaria y secundaria, además de formación técnica impartida por el Infotep.
La Defensa Pública recomendó intervenir las instalaciones sanitarias, garantizar medicamentos y alimentos adecuados y mejorar las condiciones de alojamiento y recreación.
El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, informó este miércoles sobre la celebración de una mesa técnica entre autoridades de la República Dominicana y Estados Unidos, con el propósito de coordinar acciones en materia de seguridad, justicia y gestión migratoria.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el canciller indicó que el encuentro contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.
"Encabezamos una mesa técnica para coordinar acciones en seguridad, justicia y gestión migratoria, y fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones", expresó Bisonó.
A mediados del mes de agosto, Bisonó recibió la embajadora de los Estados Unidos de América en el país, en un encuentro orientado a reafirmar la disposición de mantener un diálogo permanente y continuar impulsando una agenda bilateral entre ambas naciones, de acuerdo a lo informado por la Cancillería.
Las lluvias registradas en los últimos días provocaron el colapso de una pared lateral del liceo Ramón Marte Pichardo, ubicado en la comunidad de Río, en el municipio de Tireo, provincia La Vega.
Ante la situación, el alcalde de esa demarcación, Paul Piña, solicitó la intervención del Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obras Públicas.
Explicó que la solicitud busca que se realice una inspección técnica de las instalaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y establecer las acciones correspondientes para atender el problema.
El alcalde también manifestó su disposición de colaborar con las instituciones gubernamentales en las labores que sean necesarias para buscar una solución a la situación y contribuir a que el plantel reúna las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.
El colapso de la pared se produce en medio de las precipitaciones que han afectado distintas zonas del país durante los últimos días.
