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Familia Espaillat rompe el silencio sobre tragedia en Jet Set
A través de una carta pública, la familia Espaillat se pronunció por primera vez tras el colapso del techo en el club nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo trágico de víctimas mortales y decenas de heridos. En el comunicado, sus miembros aseguraron que han guardado silencio por respeto al dolor ajeno y por prudencia ante el proceso judicial en curso, pero consideran necesario aclarar versiones inexactas que han circulado en los medios.
Según la familia, el empresario Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, se encontraba fuera del país al momento del incidente, participando en una actividad internacional. No obstante, indicaron que retornó voluntariamente el mismo día a República Dominicana y se ha mantenido a disposición de las autoridades desde entonces.
"Se ha colaborado plenamente con la investigación", señala el comunicado, al detallar que se solicitó formalmente el secuestro del inmueble para preservar la evidencia estructural, se propusieron peritajes con expertos internacionales y se entregaron voluntariamente documentos, pasaportes y datos relevantes al proceso.
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Además, los Espaillat afirmaron haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad, como parte de su responsabilidad moral. "Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto", subraya el documento.
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que familiares de víctimas han elevado su reclamo de justicia y se han presentado múltiples acciones legales por homicidio involuntario por negligencia y responsabilidad civil. La Fiscalía investiga si existió omisión de mantenimiento estructural previo al desplome.
La familia enfatizó que su decisión de hablar no responde al interés de justificarse públicamente, sino de compartir su versión con el país y pedir justicia sin prejuicio. “Reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional a las familias que sufren. Nuestra disposición a cooperar con las autoridades permanece intacta”, concluye la carta.
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Proyecto de ley sobre apuestas prioriza la recaudación
El proyecto de ley que regula las bancas de apuestas, casinos y juegos de azar, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, establece un esquema normativo robusto y de amplio alcance.
Sin embargo, más allá de su discurso organizador, la pieza revela una prioridad clara: recaudar ingresos para el Estado por encima de limitar el acceso de la población al juego o mitigar los riesgos sociales asociados.
Con la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda, el Gobierno busca formalizar un sector históricamente disperso y permeado por la informalidad, pero sin articular una política pública de prevención de la ludopatía, ni medidas dirigidas a proteger a los jugadores más vulnerables.
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Un marco fiscal, no sanitario
El proyecto impone cargas significativas a los operadores:
794,414 pesos por banca deportiva, más un impuesto anual de 386,673 pesos (en zonas urbanas) y 1 % sobre ventas brutas.
Juegos de azar por internet tributarán 10 % sobre ingresos o pagarán 5 millones de pesos mensuales durante el periodo transitorio.
Los casinos deberán abonar hasta 85,927 pesos por mesa, y las tragamonedas 14,000 pesos mensuales de manera provisional.
Las loterías electrónicas enfrentarán tasas progresivas de hasta 24 % de sus ventas.
Estas tarifas, estandarizadas y sin escalas según capacidad operativa, han sido interpretadas por expertos como una estrategia de fiscalización dura que pone en segundo plano la salud pública y arriesga expulsar a operadores pequeños, incentivando un nuevo ciclo.
Mientras el proyecto dominicano se estructura casi exclusivamente desde la óptica tributaria, otras jurisdicciones han adoptado modelos que combinan regulación económica y protección social:
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España: prohíbe la publicidad de apuestas en radio, televisión e internet, y exige que los operadores financien campañas de prevención.
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Chile: discute una leyque crea un fondo público para tratamiento de adicciones, financiado con un porcentaje de los ingresos brutos del juego.
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Colombia: establece registros voluntarios de autoexclusión, sistemas de verificación de edad y límites de gasto por jugador.
En comparación, la propuesta dominicana solo exige colocar el mensaje “Jugar compulsivamente afecta tu salud” en los establecimientos, sin prever recursos, estructuras ni programas institucionales de apoyo.
Un sector bajo la lupa judicial
El contexto del proyectotambién está marcado por la sombra de escándalosrecientes.
Actualmente está en curso una investigación judicial que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero, acusado de haber autorizado de manera irregular la legalización y operación de cientos de bancas de apuestas sin control ni sustento normativo.
Este expediente incluye acusaciones de corrupción administrativa, tráfico de influencias y lavado de activos, y ha evidenciado la fragilidad del sistema anterior y su permeabilidad al clientelismo político.
Para algunos observadores, el nuevo proyecto busca corregir esas distorsiones, pero no rompe del todo con la lógica de concentración, discrecionalidad y opacidad que facilitó los abusos ahora bajo investigación.
Riesgos y ausencia de controles sociales
La DGJA propuesta tendrá autoridad exclusiva para otorgar licencias, imponer sanciones, ordenar cierres y hasta bloquear sitios web de apuestas sin necesidad de orden judicial. No se contemplan mecanismos independientes de supervisión, comités de ética ni unidades de salud pública vinculadas a esta función.
Además, aunque se prohíbela instalación de bancas en un radio de 500 metros de escuelas, iglesiasy hospitales, no se fijan límites a la expansión general del sector ni se promueve una política de restricción de acceso por zonas de alta exposición social.
En discusión legislativa
El proyecto fue remitido a las comisiones de Hacienda y Salud del Congreso, donde algunos legisladores hablan ya sobre la necesidad de introducir un componente social.
Propuestas como un fondo de prevención, mecanismos de autoexclusión y coordinación con el Ministerio de Salud están siendo consideradas, aunque todavía no forman parte del texto original.
Lo que el Gobierno presenta como una modernización del sector podría traducirse, si no se corrige, en una legitimación masiva de las apuestas a cambio de impuestos.
Si bien la formalización fiscal es necesaria, el enfoque parcial corre el riesgo de dejar al Estado como recaudador complaciente, sin asumir su rol protector ante una práctica que afecta a miles de familias y comunidades.
Con la oportunidad de corregir décadas de caos en la industria del juego, la clave será si el Congreso introduce el contrapeso que hoy falta: una dimensión humana y preventiva que ponga límites al negocio y garantías a la ciudadanía.
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Barrick enfrenta revés judicial en Malí y crecen las dudas
El conflicto entre la empresa Barrick Mining y el gobierno militar de Malí, escaló el lunes tras una decisión del Tribunal Comercial de Bamako que ordenó el reinicio de operaciones de la mina de oro Loulo-Gounkoto bajo una administración interina designada por el Estado. El fallo judicial dispone que la mina, cerrada desde enero por Barrick, sea dirigida durante seis meses por un consejo encabezado por el exministro de Salud Soumana Makadji.
La mina, una de las más rentables de África Occidental, se convirtió en foco de disputa luego de que el Estado maliense —accionista con un 20 % en el proyecto— incautó tres toneladas métricas de oro en noviembre de 2024 y bloqueara las exportaciones de la empresa. Barrick respondió suspendiendo todas las operaciones en enero de este año y actualmente ha excluido el complejo de sus proyecciones de producción para 2025.
El origen de la disputa se remonta a la aprobación de una nueva ley minera en 2023, que incrementa la participación del Estado en los proyectos de oro del 20 al 35 % y establece mayores cargas fiscales. Aunque ambas partes habían iniciado negociaciones —incluido un acuerdo no consumado por 438 millones de dólares—, las tensiones escalaron con la intervención judicial.
Barrick, alegó que no puede retomar la extracción sin garantías de exportación e inició un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.
1,000Cantidad en millones de dólares que espera Malí en ingresos si logra reactivar la mina.
El Gobierno maliense ha justificado su intervención señalando que la empresa incumplió el nuevo marco legal y que se reserva el derecho de intervenir las operaciones si éstas se paralizan.
En medio del auge global del precio del oro, Malí espera ingresos de al menos 1,000 millones de dólares si logra reactivar la mina, pero el conflicto podría ahuyentar inversiones extranjeras en un país ya afectado por inestabilidad política.
Las acciones de Barrick cayeron un 0.7 % tras conocerse la decisión judicial. El Ministerio de Minas de Malí no ofreció declaraciones.
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Juana Barceló renuncia a la Presidencia de Barrick Pueblo Viejo
La Barrick en RD
El conflicto en Malí encuentra eco en países donde Barrick Gold —como aún se le conoce por su nombre anterior— mantiene operaciones de gran escala, como la República Dominicana. En este país, la compañía lidera la extracción de oro en la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, en asociación con la minera Newmont, y con participación del Estado dominicano a través de beneficios fiscales y regalías.
Pueblo Viejo es una de las minas más productivas de América Latina, con una producción que supera el millón de onzas troy de oro anuales en sus mejores años. Sin embargo, también ha sido objeto de controversias ambientales, reclamos comunitarios y debates sobre la transparencia de los contratos firmados.
La vigencia de la licencia minera en Malí hasta 2026, y la presión por renegociar contratos conforme a nuevas legislaciones, podría anticipar escenarios similares en otras jurisdicciones donde los Estados buscan mayor participación en los beneficios mineros.
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Presidente de la JCE reitera advertencia sobre campaña anticipada
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, repitió este miércoles su advertencia de que los aspirantes que hagan campaña anticipada podrían enfrentar el rechazo de su candidatura.
"Al momento de que sean presentadas estas candidaturas tienen el riesgo de que la JCE, luego de la evaluación correspondiente por la Unidad Administrativa Sancionadora, sean inadmisibles", indicó.
Agregó que "esta es la posición del Pleno y es reiterada de manera categórica".
Jáquez no se refirió al artículo 308 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral, que castiga con multas de uno a 200 salarios mínimos a las “organizaciones políticas, los precandidatos y precandidatas, sus representantes o jefes de campaña, que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la precampaña electoral”.
El Pleno emitió en febrero pasado un comunicado para recordar a los actores políticos que están prohibidas las actividades proselitistas, consultas previas y anuncios públicos de aspiraciones.
Advirtió que “cualquier acción de promoción política fuera de los plazos legales podría afectar negativamente la legalidad de las posibles candidaturas”, lo cual sería sancionado con la negación a la inscripción de los postulantes.
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“No está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política”, señalaron los miembros de la JCE en otro comunicado del 5 de febrero.
Los dos llamados de atención respondían al anuncio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de celebrar una consulta, tal como lo hizo en 2022, para definir su boleta presidencial del 2028.
Pero en los últimos meses salieron al ruedo los que aspiran a obtener la candidatura presidencial dentro del partido de gobierno (el Revolucionario Moderno) con actos políticos y recorridos de promoción.
Una de ellas es la alcaldesa Carolina Mejía, cuyo padre, el expresidente Hipólito Mejía, restó importancia a este impedimento legal ya que, según él, el presidente de la República lo autorizó.
"¿Y qué importa, el presidente no lo autorizó? ¿No es el jefe él?", preguntó Mejía.
La vicepresidenta Raquel Peña también dijo que aspira a ser presidenta, presentó la línea gráfica de su campaña y anunció que sería parte de su equipo político el director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), Adolfo Pérez.
Dentro del PRM, también han manifestado sus aspiraciones David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia.
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Ética judicial, la base que Molina plantea para sostener a democracia
"La ética judicial no puede ser una virtud decorativa, sino una práctica viva y esencial para sostener la democracia", afirmó este miércoles el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, al advertir que en tiempos de amenazas al estado de derecho es "urgente" reivindicar los principios que legitiman la labor judicial.
El magistrado hizo un análisis sobre la ética judicial durante la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: "Integridad Judicial", organizada por el Tribunal Constitucional (TC) en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo.
En ese escenario, sostuvo que hoy hace falta levantar todos los espacios democráticos y reivindicar su naturaleza y su carácter para enfrentar los nuevos populismos fascistas de izquierda y de derecha.
Fue enfático al decir: "El tema de la ética judicial no puede ser más pertinente en este momento. En tiempos de desconfianza, de discursos simplificadores y de amenazas autoritariasal estado de derecho, se hace necesario y urgente reivindicar los pilares que hacen legítimo nuestro trabajo".
Expuso que implementar la ética implica la voluntad de renunciar a cualquier forma de privilegio o favoritismo. “Es, en definitiva, saber que juzgamos vidas ajenas. Eso supone una gran responsabilidad”, agregó.
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Justicia dominicana
En la cátedra, en su quinta edición y la primera impartida por Henry Molina, el juez se remontó al pasado del país en materia de justicia, afirmando que la historia de la justicia dominicana ha sido una de transición, al igual que en toda América Latina.
“Venimos de un pasado de justicia autoritaria, jerárquica, opaca, heredada de la colonia. Una justicia que servía al poder más que al derecho, que consolidaba privilegios más que garantizaba libertades. Por eso, con el aporte de generaciones, hemos ido avanzando hacia una justicia democrática”, manifestó.
"Aseguro que en el Poder Judicial de la República Dominicana trabajamos por una ética de la responsabilidad pública, del acceso igualitario y del compromiso transformador con las personas" Presidente de la Suprema Corte de JusticiaDestacó que el país hoy tiene una justicia centrada en las personas, orientada al servicio, aliada a los derechosy abierta a la sociedad.
No obstante, resaltó que esa transición no ha sido automática ni uniforme, sino el fruto de generaciones de jueces y juezas, de académicos, de servidores judiciales, de líderes sociales y políticos que han empujado desde distintas fuentes hacia un modelo institucional más digno y cercano.
“Y entre estos, el nombre del fallecido magistrado Rafael Luciano Pichardo resuena para todos nosotros. Su legado alimenta precisamente lo que hoy necesitamos fortalecer: una ética judicial que no dependa del temor a la sanción, sino del compromiso con el ideal de justicia. Que no sea impuesta desde fuera, sino cultivada desde adentro”.
Dijo que esta ética se sintetiza en tres dimensiones fundamentales:
- Una justicia ágil,
- Transparente,
- Y centrada en las personas.
Y prosiguió diciendo que en el Poder Judicial Dominicano han asumido esa tarea como prioridad.
“Hemos impulsado una cultura organizacional donde la ética es un criterio de desempeño”, dijo, y puso como ejemplo el proceso de mudanza digital del Distrito Nacional, donde, según el magistrado, el 91 % de los trámites ya se hacen a través de un portal de acceso digital, que contrarresta “la lentitud burocrática”.
Justicia digna
Para Luis Henry Molina, un compromiso por la justicia como servicio público esencial implica que se respete el tiempo y la dignidad de las personas. Añadió que “una justicia transparente tiene la obligación moral de rendir cuentas ante la sociedad”.
“Una ética del precedente, que es una buena jurisprudencia, enseña, orienta y protege. Una ética del tiempo, porque acelerar los procesos es una forma concreta de responder a las personas y reconocer su dignidad. También una ética de la palabra, porque las decisiones deben ser claras y comprensibles”, aconsejó el juez.
Homenaje a Rafael Luciano Pichardo
La cátedra se realizó en honor al doctor Rafael Luciano Pichardo (1935-2024), constitucionalista, exjuez primer sustituto del presidente y expresidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Al dirigirse a los presentes, el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, habló sobre la importancia que tiene para la alta corte la realización de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial, así como de la trayectoria del homenajeado, Luciano Pichardo, de quien presentó, además, un emotivo video testimonial.
Magistrado Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional. (FUENTE EXTERNA ) 
Francisco Luciano Corominas, hijo del doctor Rafael Luciano Pichardo (1935-2024), constitucionalista, exjuez primer sustituto del presidente y expresidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. (FUENTE EXTERNA) 
Durante el acto, el presidente del TC entregó la medalla Rosa Protomártir Duarte y Díez al presidente de la SCJ, Luis Henry Molina y, junto al magistrado, entregó un reconocimiento in memoriam a los familiares del doctor Luciano Pichardo, gesto que fue agradecido por su hijo Francisco Luciano Corominas.
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Instituciones 24/7 mantendrán horarios pese a nuevo plan de tránsito
Los hospitales, centros de emergencia y otras instituciones públicas que brindan servicios las 24 horas del día no estarán sujetas al nuevo esquema de horarios escalonados que empezará a regir en el Gran Santo Domingo a partir del 1 de julio.
Según la circular 008962 del Ministerio de Administración Pública (MAP), emitida el 17 de junio, las entidades que operan en turnos rotativos o de atención permanente, como los hospitales, centros de salud, cuerpos de seguridad, unidades de emergencia o instituciones similares, "mantendrán su esquema habitual, adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento en lo que sea posible".
Esto significa que los servicios esenciales de salud y respuesta ante emergencias seguirán funcionando sin alteraciones en su operación continua, mientras que sus áreas administrativas sí deberán ajustarse a los nuevos horarios escalonados en función de la disposición general.
La medida de escalonamiento busca aliviar la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo reorganizando los horarios de entrada y salida del personal en instituciones públicas.
Nuevos horarios
A partir del 1 de julio, el 70 % de los empleados deberá trabajar en dos turnos escalonados: de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, mientras que el 30 % restante podrá mantener su horario actual.
- El Ministerio de Administración Pública y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) serán responsables de supervisar la implementación y el impacto de la medida.
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Turnos para las que reciban más de 2,000 visitas al mes
Mientras que las instituciones que reciban más de 2,000 visitas mensuales de ciudadanos estarán obligadas a establecer dos turnos de trabajo:
El primero de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
El segundo de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Entre las entidades que caen en esta categoría se encuentran:
- Dirección General de Pasaportes
- Dirección General de Migración
- Dirección General de Aduanas
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
- Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
- Oficinas de servicios múltiples (como los Centros de Atención al Ciudadano en instituciones de alto flujo).
El MAP y el Intrant llevarán a cabo la supervisión del cumplimiento de la medida y su impacto en la movilidad urbana.
El doble turno es adicional al escalonamiento general del horario del personal en todas las oficinas públicas del Gran Santo Domingo, que comenzará ese mismo día 1 de julio.
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Policía investiga muerte hombre en destacamento de La Caobas
La Policía Nacional informó este miércoles que investiga la muerte de Luis Alberto Díaz Cruz, de 56 años, quien falleció en el destacamento de Las Caobas, Santo Domingo Oeste, luego de ser arrestado por haber ultimado a su pareja e hijastro.
Las víctimas son Noemí Marte Encarnación, de 38 años, y su hijo Axel Federico Ruiz Marte, de 7 años; fallecieron a causa de heridas cortopunzantes provocadas por Díaz Cruz.
Según el informe preliminar, el hecho ocurrió en horas de la madrugada dentro de la residencia familiar, ubicada en la calle A de la urbanización El Progreso, Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
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"El informe dice que, además del doble homicidio, el agresor abusó sexualmente de una adolescente de 15 años, hija de la hoy occisa", dijo la Policía.
Se infirió una herida en el cuello
La Policía dijo que tras cometer el hecho en su residencia, Díaz Cruz se infirió una herida lacerante en la región anterior del cuello con fines suicidas.
"Por lo que fue trasladado al Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue curado, estabilizado y posteriormente despachado bajo custodia para ser presentado ante el Ministerio Público", agregó la organización del orden.
Dificultades respiratorias
Explicó en nota de prensa que "el detenido comenzó a presentar dificultades respiratorias en el destacamento policial de Las Caobas, en presencia de una representante del Ministerio Público".
Agregó que solicitaron asistencia médica a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
"Al lugar acudió la unidad del 9-1-1, quienes, al revisar los signos vitales del detenido, certificaron que había fallecido recientemente", precisó la institución.
- El cuerpo fue levantado próximo al mediodía y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar oficialmente la causa de muerte.
Evidencia colectada
La Policía dijo que en la escena del crimen fueron recolectados por parte de miembros de la Policía Científica dos cuchillos utilizados como armas homicidas.
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Redes sociales: EE.UU. revisará perfiles de estudiantes extranjeros
Los extranjeros que quieran estudiar en Estados Unidos deberán hacer públicos sus perfiles en redes sociales para que las autoridades puedan asegurarse de que carecen de contenido antiestadounidense, según las nuevas directrices del Departamento de Estado publicadas el miércoles.
Estados Unidos suspendió temporalmente la emisión de visas para estudiantes extranjeros a finales de mayo para elaborar los nuevos requisitos sobre redes sociales. En adelante volverá a examinar la solicitud de citas.
"La revisión reforzada de las redes sociales garantizará que estemos examinando adecuadamente a cada persona que intenta visitar nuestro país", declaró un funcionario del Departamento de Estado.
Los empleados consulares estadounidenses realizarán una "investigación exhaustiva" de todos los estudiantes y solicitantes de intercambio, añadió la fuente.
Para facilitar la revisión, se pedirá a los solicitantes de visa estudiantil que configuren la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales como "públicos", agregó.
En un decreto firmado el día de su investidura, Donald Trump pidió una mayor verificación de antecedentes de las personas que entran a Estados Unidos para garantizar que "no presenten actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales".
Visas de estudiantes
Las visas de estudiante son una de las batallas de la administración Trump.
Su gobierno ha revocado miles de visas e intentado prohibir que la Universidad de Harvard acepte a estudiantes extranjeros.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, ha revocado las visas de gran parte de los estudiantes que lideraron manifestaciones críticas con la ofensiva israelí en Gaza.
En abril, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que las redes sociales de los estudiantes extranjeros serían examinadas para detectar "actividad antisemita", motivo por el que podrían denegarles la visa.
Desde hace más de una década el gobierno estadounidense examina las redes sociales de quienes quieren emigrar a Estados Unidos u obtener la residencia permanente.
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Estabilidad Política y apatía en política de República Dominicana
Una de las cualidades más elogiadas de la República Dominicana es su estabilidad política. Esta realidad, que se refleja cada vez con más frecuencia en investigaciones internacionales, contrasta con otra cara importante de la misma moneda: la creciente apatía de la ciudadanía hacia la política.
En su análisis Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral, Participación Ciudadana (PC) expone una situación que se percibe con fuerza entre la población: el deterioro de la credibilidad de los partidos políticos.
En este informe, la organización cita investigaciones previas que afirman que el 42 % de los dominicanos considera que la democracia puede funcionar prescindiendo de los partidos.
En 2023, Latinobarómetro también destacó que el 74 % de los dominicanos opina que los partidos funcionan mal o muy mal.
“La legitimidad que tienen como vehículo de representación de intereses sociales es muy, muy, muy, muy bajita y, aun siendo bajita históricamente, sigue descendiendo”, explicó Gustavo Oliva, investigador a cargo del estudio.
El sociólogo y politólogo señaló que esta variable muestra un ligero incremento en los años de cambio de gobierno, seguido por un descenso en la valoración que tienen los partidos.
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El especialista añadió que la República Dominicana posee uno de los sistemas de partidos más débiles de la región en materia de institucionalización.
El segundo país de la región con más compra de votos
El clientelismo electoral es una realidad que se manifiesta en el país tras cada proceso electoral. Es un problema visible en la prensa, en los tribunales competentes, y se estima que involucra a más de un millón de votantes cada año.
Estos datos fueron presentados por Oliva al citar el indicador V-Dem 2024, que ubica al país como el segundo con mayor cantidad de compra de votos.
Añadió que la compra de votos no es lo mismo que la compra de cédulas, que ocurre el día de las elecciones, sino que abarca toda la campaña electoral. Las promesas de cargos, donaciones, entrega de alimentos y electrodomésticos, así como otras expresiones tradicionales del sistema, forman parte de esta práctica.
El diagnóstico identificó que un 16 % de los gastos de campaña reportados en 2024 coincidía con intercambios clientelares orientados a influir en la decisión de voto.
En este sentido, la organización propuso que la nueva redacción de la ley debe prohibir explícitamente el uso de la contribución estatal para la compra de votos y tipificar de forma exhaustiva los comportamientos que serán sancionados.
Se indica que la normativa debe proscribir el uso de fondos públicos para donaciones en efectivo o en especie durante todo el lapso de campaña y precampaña, así como fuera del período electoral.
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Buscan regular más de 150,000 motocicletas en Santo Domingo Este
La Alcaldía de Santo Domingo Este ha inscrito a más de 5,000 motoristas desde que comenzó la implementación del Plan de Registro de Motocicletas a finales del año pasado, como parte de una estrategia para contribuir a la reducción de la delincuencia en el municipio.
El secretario general del cabildo, Marcos Jesús Colón Arache, explicó que esta iniciativa se ejecuta en cumplimiento de la resolución 02-23 del Concejo de Regidores, la cual establece el marco regulatorio para el registro de motocicletas.
Durante esta semana, se ha iniciado una nueva fase del plan dirigida a instituciones privadas, como farmacias, servicios de delivery y restaurantes que utilizan motocicletas para sus operaciones. El registro tiene un costo que oscila entre 1,000 y 1,300 pesos por vehículo.
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Beneficios
Cada motorista registrado recibe un carné y una chapa de identificación, que complementan —pero no sustituyen— los requisitos establecidos en la Ley 63-17 sobre tránsito, transporte y movilidad.
Colón Arache destacó que entre 50 y 100 motoristas acuden diariamente al punto de registro ubicado en la Parada de la Cultura, cerca del Parque Los Tres Ojos, gracias al trabajo conjunto con asociaciones de mototaxis. Además, señaló que ya se cuenta con una base de datos de 61,000 motocicletas del municipio, con la meta de registrar más de 150,000.
“Ha sido un esfuerzo conjunto: muchos motoristas vienen de manera voluntaria, y también hemos contactado a instituciones y distribuido volantes informativos para motivar el registro”, afirmó el funcionario.
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